La esposa de alias ‘Fito’ ha sido investigada en dos procesos penales en estos años

Los movimientos económicos y la tenencia de bienes y empresas es lo que le ha llevado a estar desde el 2017 en la mira de las autoridades policiales y de justicia de Ecuador Inda Mariela P., esposa de Adolfo Macías, líder de la banda Los Choneros ubicado con el alias de Fito y prófugo de la justicia ecuatoriana desde el 7 de enero pasado que no se lo ubicó en la cárcel Regional de Guayaquil, donde pagaba penas por varios delitos.

El nombre de Inda P., una enfermera de 48 años, tomó relevancia pública una vez que se informó desde Argentina que ella, tres hijos, un sobrino y un amigo del cabecilla de Los Choneros y una persona que hacía las veces de empleada fueron retenidos en una vivienda en un exclusivo barrio privado ubicado en las afueras de la ciudad de Córdoba, Argentina, y posteriormente expulsados de ese país.

El que extranjeros hayan pagado en efectivo y en dólares la compra de la casa en ese “country de lujo” es lo que habría levantado las alertas de la inteligencia policial argentina. Autoridades de ese país habrían sido advertidas de la posibilidad de que ingrese a su país el líder de Los Choneros, más aún si su familia ya habría llegado.

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Dos procesos penales

Por dos ocasiones ha sido procesada penalmente Inda P., pero en ambos casos fue declarada inocente, pues en uno recibió un dictamen abstentivo y en otro fue sobreseída. En 2017 fue investigada por el delito de delincuencia organizada, mientras que en 2020, en concurrencia de delitos como lavado de activos, defraudación tributaria y enriquecimiento privado no justificado, se analizó la participación de Inda P., la de dos de sus hermanos, un hermano y un primo de alias Fito y dos empresas en las que ella era representante legal y accionista.

En el caso por delincuencia organizada fue incluida en la lista de procesados junto a su esposo Adolfo Macías y otras 40 personas, a quienes se les inició una instrucción fiscal a partir de un parte policial, en el que se daba a conocer la existencia de una organización delictiva dedicada a delitos fines, tales como robo de vehículos, extorsión y sicariato. Para ella la causa no avanzó a fase de juzgamiento porque el fiscal a cargo no encontró elementos para continuar con la acusación y emitió un dictamen abstentivo a su favor en noviembre de 2017.

Meses después, en enero de 2018, por “justificar debida y legalmente su titularidad”, todos los bienes que le fueron incautados dentro de ese proceso penal le fueron devueltos a Inda P.

Tres años después del primer procesamiento, Inda P. y dos de sus hermanos (Jorge P. y Julio P.), quienes también fueron parte de la investigación por delincuencia organizada. Además en la lista de sospechosos a los que se les abrió una investigación previa por lavado de activos, defraudación tributaria y enriquecimiento privado no justificado, estaban Ronal M. y Ramón M., hermano y primo de alias Fito, y las empresas Queen Water S. A. y Jomavi S. A., la primera dedicada a la fabricación y distribución de hielo y la segunda una empresa de transporte de carga pesada.

Todos eran investigados por aparentemente tener un incremento “injustificado” de sus patrimonios y una las formas de dar la apariencia de legalidad a dineros obtenidos, según la Fiscalía, de forma ilícita, era la compraventa de vehículos, maquinarias, casas, fincas y obviamente a través de las empresas que mantenían como accionista y representante legal a Inda P. Para la Fiscalía en Manabí, esta última era vista como autora de los delitos analizados en concurrencia, mientras que el resto se los veía como coautores.

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Pese a la abundante información que entregó el fiscal de la causa sobre Inda P., respecto a que ella era quien manejaba los activos obtenidos ilícitamente, creó empresas y mantuvo cuentas en el sistema financiero local al que ingresaron millones de dólares, el juez Juan Espinosa consideró en su sentencia de primer nivel que “la Fiscalía no ha sido clara al momento de establecer el concurso real de infracciones, los elementos de convicción no son concordantes” y explicó que el elemento medular en la acusación, la pericia financiera, “existen variaciones en las cantidades expuestas, siendo que los números deben ser exactos”.

Finalmente, en diciembre de 2020, la decisión del juez fue sobreseer a Inda P. y todos los demás coprocesados. En 2021 se levantó el sobreseimiento y en julio de 2022 un Tribunal de la Corte Provincial de Manta ratificó el fallo de primer nivel dado por el juez Espinosa en relación a Inda P.

Independientemente de estos fallos judiciales, la Policía y autoridades de control continúan observando los movimientos económicos y financieros de cercanos a Adolfo Macías, alias Fito. El objetivo sería definir cuál es su origen y así evitar que exista un lavado de activos o blanqueo de capitales con recursos provenientes de actividades ilícitas. (I)