El futuro político del Partido Sociedad Patriótica (PSP), fundado por el exmandatario y asambleísta Lucio Gutiérrez Borbúa, está supeditado a lo que resuelva el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Este 12 de marzo de 2024, el juez y presidente del TCE, Fernando Muñoz, instaló una audiencia oral como parte de la sustanciación de un recurso subjetivo contencioso que interpuso Lucio Gutiérrez, líder del PSP, lista 3, en contra de una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE).
En ella, el CNE dispuso la suspensión por un año de las actividades partidistas de Sociedad Patriótica, porque no había justificado el uso de recursos del Fondo Partidario Permanente (FPP) manejados a través de una caja transitoria entre el 2015 y 2016.
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El juez Muñoz suspendió los efectos de la medida de suspensión adoptada por el CNE, como lo establece el Código de la Democracia, hasta que el TCE se pronuncie.
En la diligencia desarrollada este martes, Gutiérrez asistió con su equipo defensor, entre los que estaba el jurista Rafael Oyarte.
Oyarte alegó que existía una sentencia de un Tribunal de Garantías Penales de Pichincha que responsabilizó a un exadministrador de los recursos del PSP, Pedro Moncayo, como culpable del delito de abuso de confianza en el 2012.
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Esto, en el contexto de que los dineros del Fondo Partidario Permanente se habrían confiado al exmilitante y en su gestión se habría gastado alrededor de $ 1,6 millones en actividades ajenas a la formación y capacitación política del PSP y que hasta la actualidad no han sido reembolsados al Estado, como reparación integral.
Oyarte precisó que en dicha sentencia de la justicia ordinaria, el Partido Sociedad Patriótica no fue inculpado de delito alguno y tampoco como responsable solidario.
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El partido es «la víctima del delito, entonces a ¿quién le vamos a pedir la devolución del dinero? ¿A la víctima o al delincuente?», cuestionó el abogado.
De la parte defensora del Consejo Electoral se expusieron las resoluciones con las que se ha observado al PSP por no presentar sus informes económicos anuales del uso del fondo.
La audiencia se desarrolló sin contratiempos y el juez Muñoz tiene hasta quince días para emitir su fallo, que será de primera instancia.
Si las partes procesales apelan, lo resolverá el pleno del TCE para lo que tendrán diez días, de acuerdo con el reglamento interno del organismo. (I)
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