Petroecuador presenta acusación particular contra once de los trece procesados en el caso Las Torres y pide se los llame a juicio

Los abogados de la empresa pública Petroecuador arrancaron, la mañana de este lunes 13 de diciembre, su acusación particular contra once de los trece procesados por el delito de delincuencia organizada dentro del caso Las Torres. Este es el quinto día de audiencia preparatoria de juicio, que se da en la Corte Nacional de Justicia.

Petroecuador y la Procuraduría General del Estado (PGE) hacen parte de esta audiencia como acusadores particulares de varios de los procesados, más no de todos.

Según el procurador judicial de Petroecuador, Pedro Bermeo, entre el 2017 y 2020 en el interior de la Contraloría General del Estado, de la secretaría de la Presidencia de la República y de Petroecuador se conformó una “estructura organizada delincuencial” conformada por varios funcionarios públicos de alta jerarquía, quienes tenían como objetivo desvanecer glosas en la CGE que estaban contra la compañía Nolimit, a fin de que se allanara el camino en Petroecuador y que se pudieran efectuar pagos pendientes a favor de Nolimit.

Procuraduría General pide se llame a juicio a doce de los trece procesados en el caso Las Torres

Las personas acusadas por Petroecuador de ser parte de la delincuencia organizada que se investiga son el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban Celi, Adolfo Agusto Briones, el exgerente de Petroecuador Pablo Flores, Silvia López, Ángelo Rodríguez, Andrés Luque, Pedro Saona, el exgerente de Refinación Daniel Orellana, la exasesora de Petroecuador Natalia Cárdenas y Martha Barrezueta.

De la lista de trece procesados por la Fiscalía, la empresa pública Petroecuador no acusa a Roy Calero y al empresario Álvaro de Guzmán.

El viernes último, la fiscal general Diana Salazar pidió al juez de la Corte Nacional Felipe Córdova que llamara a juicio a los trece acusados en calidad de autores. Únicamente hacía la diferencia de que Pablo Celi y Pablo Flores eran los líderes de la organización, mientras que el resto eran vistos como colaboradores.

Fiscalía acusó a los líderes de la organización por el delito de delincuencia organizada, previsto en el artículo 369, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que deja una pena para los sentenciados de siete a diez años de cárcel; y a los colaboradores los acusó con base en el mismo 369, pero con el inciso segundo, que habla de penas para estos procesados de cinco a siete años de prisión.

Según la Fiscalía, en la CGE, Petroecuador y la secretaría de la Presidencia operó un grupo estructurado que cobraba sobornos a empresas contratistas a cambio de liberar pagos o desvanecer glosas.

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Por su parte, la PGE pidió que se llamara a juicio a doce de los trece procesados. Solo dejó fuera de su lista a Andrés Luque, quien no fue tomado en cuenta entre las personas contra quienes presentó la acusación particular la Procuraduría, el 3 de agosto pasado.

Marco Flores, padre del exgerente Flores, era contra quien la PGE puso su acusación particular, pero él recibió un dictamen abstentivo de Fiscalía y fue sobreseído al igual que su esposa, también investigada.

La representante de la Procuraduría indicó en la audiencia que se ha establecido que esta “estructura criminal” tenía el propósito de cometer otros delitos sancionados con penas privativas de la libertad superiores a los cinco años, entre ellos, cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El objetivo final de la organización, explicó la abogada de la PGE, habría sido la obtención de beneficios económicos para cada uno de sus miembros.

La fiscal Diana Salazar hace parte del quinto día de audiencia vía telemática.

Dos horas y media después de intervenir Pedro Bermeo, el abogado, en nombre de Petroecuador, pidió al juez Córdova que emita un auto de llamamiento a juicio a las once personas acusadas por esas defensa. A Pablo Celi y Pablo Flores pidió que sean llamados a etapa de juzgamiento en el grado de autores, en base al inciso primero del artículo 369 del COIP; en cambio como coautores, en concordancia al inciso segundo del articulo 369 del COIP, a Esteban Celi, Adolfo Agusto Briones, Silvia López, Ángelo Rodríguez, Andrés Luque, Pedro Saona, Daniel Orellana, Natalia Cárdenas y Martha Barrezueta.

Al momento el abogado Juan Chirboga, parte de la defensa de Petroecuador, anuncia la prueba documental, testimonial y pericial que presentarán en el caso de que el juez resuelva que el proceso pase a etapa de juzgamiento.

Una vez termine su exposición Petroecuador el turno para intervenir será de los abogados de los acusados. De lo que se conoce es que la diligencia se suspendería cuando acabe la intervención de los abogados de la estatal petrolera, pues el juez nacional es parte de otros dos Tribunales en otros dos casos definidos para la tarde en la Corte Nacional.

Cerca de las 15:00 la diligencia se suspendió y se reinstalará a las 16:00. La participación de las defensas de los procesados iniciará con la intervención de los abogados de Adolfo Agusto Briones y de Andrés Luque. (I)