Delincuencia organizada: un delito que va absorbiendo a la administración pública

La delincuencia organizada ha dejado de ser un fenómeno extraño en Ecuador y, por el contrario, estaría mermando a todas las instituciones a todo nivel.

Según la Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada (ENDO), que dejó lista el expresidente de la República, Guillermo Lasso, pero que no la aplicó, detalla que existiría un 61 % de grado de infiltración de la delincuencia organizada en las instituciones públicas y sociales y medios de comunicación.

La estadística se obtuvo de un procedimiento de evaluación a través de talleres que se organizaron en el 2022 con 159 delegados de 20 organismos estatales.

Este 14 de diciembre la Fiscalía General desnudó lo que sería una presunta red de corrupción que salpica a miembros de la Policía Nacional, fiscales, abogados, jueces y hasta el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, en una operación que denominó Metástasis, que hace alusión a un término médico para expresar la propagación de una enfermedad cancerosa que nace en un órgano y se extiende.

Al 2022, la Fiscalía investigaba 288 casos identificados con la delincuencia organizada, terrorismo y su financiamiento y tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización que se relacionan, entre otros, con Grupos de Delincuencia Organizada (GDO).

En el sector estatal, el organismo identifica cuatro casos de «connotación nacional» en contra de la eficiencia de la administración pública y tipificados como delincuencia organizada.

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En el 2017 una de las principales instituciones de control de los recursos públicos sacudida por hechos de corrupción fue la Contraloría General del Estado.

Aunque no fue por delincuencia organizada, quien era su contralor, Carlos Pólit Faggioni estaba vinculado al caso Odebrecht y fue procesado por concusión.

Tiempo después, la Contraloría sintió otro remezón, pues quien lo reemplazó, el excontralor subrogante Pablo Celi de la Torre, fue detenido en abril del 2021, ahora sí por presunta delincuencia organizada a la que se denominó caso Las Torres.

El proceso surgió por una investigación que se hizo en Estados Unidos por delitos relacionados con lavado de activos, que sirvieron a la Fiscalía para detectar a funcionarios y particulares que habrían conformado una estructura irregular.

Se exigían pagos indebidos a cambio de desvanecer glosas y el incumplimiento de planillas de contratos suscritos entre la empresa pública Petroecuador y la empresa Nolimit, entre el 2017 y 2020, informó la Fiscalía.

En febrero del 2023, un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia dictó sentencia contra once procesados, entre ellos Celi, que fue condenado a trece años y cuatro meses de prisión en calidad de autor y líder de un grupo estructurado, pero cumple la medida con arresto domiciliario.

Otro hecho que aún está en proceso judicial, se denomina Pruebas COVID19-Agentes AMT, en el que están involucradas cuatro personas entre ellas el exmandatario Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley, porque habrían planificado y ejecutado actividades delictivas entre noviembre de 2019 y agosto de 2020 en Quito y Guayaquil.

Una de estas fue la obtención de beneficios económicos en la comercialización de pruebas para COVID-19 y de mascarillas, cuando el país se enfrentaba a la emergencia sanitaria por la pandemia.

A inicios de este 2023 se inició la investigación del caso Encuentro, sobre una presunta organización criminal, en la que habrían participado servidores y particulares que «pretendían de forma planificada y coordinada obtener recursos ilícitos valiéndose de su posición cercana con la política e interferir en instituciones como CNEL EP, BanEcuador y el Servicio Nacional de Aduanas».

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El objetivo había sido direccionar contratos públicos y el ingreso irregular de personas a cargos gubernamentales a cambio de dinero.

En noviembre pasado, un juez dictó arresto domiciliario para Danilo C., familiar del expresidente Guillermo Lasso; el exdirector de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, Hernán L., Leonardo C. y Gabriel M., entre otros.

El cuarto se develó en las últimas horas y se trata de una indagación por delincuencia organizada con vínculos al narcotráfico que incluye a policías, fiscales, exautoridades y Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura.

Entre este 14 y 15 de diciembre se realizaba la audiencia de formulación de cargos en la Corte Nacional de Justicia, debido a que Terán goza de fuero de Corte por ser autoridad.

Mauricio Alarcón, directivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, lamenta que los organismos estén tomados por la corrupción y cree que «entendieron que ya no era rentable comprar funcionarios, jueces, policías y empezaron a trabajar desde hace algunos años en infiltrarlos, haciendo que las instituciones estén podridas».

Esta organización no gubernamental promueve proyectos de gobierno abierto y transparencia y, según Alarcón, «hay instituciones en las que se sabe que hay algo de integridad y transparencia, pero hay otras que prefieren no hacerlo o simplemente se toman una foto y dicen que trabajan en el tema y no concretan nada».

Datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, de la Pan American Development Foundation (PADF), por sus siglas en inglés, (Fundación Panamericana para el Desarrollo), señalan que entre el 2015 y 2020, en 14 de las 24 provincias se presentó, al menos, un caso por delincuencia organizada.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) la tipifica en el artículo 369 como «la persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de tres o más personas que, de manera permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. Los demás colaboradores serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años».

La pena sube de diez a trece años si se vinculan otros delitos y los colaboradores serán sancionados con penas de siete a diez años.

En ese sentido, el estudio del Observatorio identificó que este delito se caracteriza por estructuras de tipo familiar, pues en un 34 % del total de casos se constató la participación de familiares, especialmente en provincias costeras.

A la delincuencia organizada se vincularon entre el 2015 y 2020, once delitos, según el Observatorio: la organización o financiamiento para el tráfico de drogas, extorsión, secuestro extorsivo, sicariato, robo con arma de fuego, estafa, receptación, tenencia y porte de armas, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

Se refiere que en el 70 % de causas no se solicitaron medidas cautelares de bienes, retención de cuentas bancarias u otros mecanismos. «De este 70 %, en apenas 1 de cada 10 casos se realiza el comiso de bienes producto de los ilícitos, generando una impunidad económica efectiva del 93 % en causas por delincuencia organizada en el Ecuador», citó el documento.

Una de las medidas para contrarrestar este fenómeno fue implementar la Unidad Judicial y Tribunal de Garantías Penales Especializados para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con la Corrupción y el Crimen Organizado, con la designación de 16 jueces.

Su jurisdicción es nacional y pueden conocer actos relacionados con peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, testaferrismo y otros. (I)