Presidencias de Hernán Ulloa y Sofía Almeida aún en disputa por acciones de protección y medidas cautelares que están en trámite en juzgados

Aunque Hernán Ulloa y Sofía Almeida se declaran presidentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la puja aún se libra en los tribunales de la justicia ordinaria. Hay tres recursos en el contexto de la protección de derechos que están en trámite en unidades judiciales.

Sofía Almeida sostiene su presidencia amparada en una medida cautelar emitida la mañana del jueves por la jueza de la Unidad Judicial de Samborondón (Guayas) Karly Vargas Alvarado, que la declara presidenta y dejó sin efecto los actos de la remoción de su cargo, dados en la sesión ordinaria permanente 3, que reinstalaron cuatro consejeros de mayoría, el 9 de febrero.

Jueza investigada por presunto error inexcusable dejó sin efecto remoción de Sofía Almeida de la presidencia resuelta por cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana

Mientras, Hernán Ulloa ratificó ser el presidente, luego de que una jueza de la misma unidad judicial de Samborondón, Larissa Ibarra, revocó la medida cautelar de Vargas y concluyó este 10 de febrero, al sustanciar una acción de protección -interpuesta por el mismo Ulloa- que los actos de dicha sesión del miércoles se presumen legítimos, ratificándolo en esa dignidad y a María Fernanda Rivadeneira como vicepresidenta.

Esta resolución sobre la acción de protección fue apelada de forma oral, durante la audiencia que se instaló la mañana del jueves, por lo que Ulloa reconoció que el escenario podría cambiar, en el caso de que la Corte Provincial del Guayas resuelva anular lo resuelto en esa sentencia y dejar sin efecto lo actuado el 9 de febrero.

Hernán Ulloa defiende su presidencia en el Consejo de Participación Ciudadana por efecto de una acción de protección

En tanto, hay otra acción de protección que es de interés de Almeida y sus afines, David Rosero y Javier Dávalos, que se sustancia en una Unidad Judicial de Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar e infracciones contra la integridad sexual y reproductiva en Ibarra (Imbabura).

Ahí, Guillermo Rueda Carrera, exdirector provincial del Consejo de la Judicatura de Imbabura, interpuso una acción de protección en contra de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana.

Rueda solicitó medida cautelar en su acción de protección por haber, según alegó en su escrito, el riesgo de la vulneración del derecho a la seguridad jurídica. La audiencia para sustanciarla se efectuó el pasado 8 de febrero, pero hasta el cierre de esta publicación aún se desconocía la resolución del juez Nuvie Quilumba.

En esta acción, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, consta como amicus curiae. En sus redes sociales, Iza pidió al gobierno de Guillermo Lasso que no intervenga en la independencia del CPCCS en la designación de las autoridades de control.

En tanto, un ciudadano de nombre Freddy Santana Ordóñez presentó una medida cautelar en contra del Consejo de Participación Ciudadana en la Unidad Judicial de Montecristi (Manabí), la que también se conoce en la Unidad Judicial de Iñaquito y en otro juzgado de Portoviejo.

Este conjunto de medidas cautelares y acciones de protección se solicitaron el 28 de enero, luego de que el 26 y 27 de ese mes los cuatro consejeros del CPCCS, Hernán Ulloa, Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán, lograron incluir en el orden del día de una sesión ordinaria 3, declarada permanente, la discusión de la moción de la remoción de Sofía Almeida de su cargo de presidenta.

El 26 de enero, cuando se instaló esta plenaria, Bravo mocionó la apelación de la presidencia de Almeida y se aprobó con los cuatro votos de mayoría, con lo que Rosero pasó a dirigir esa plenaria.

Al siguiente día, esa sesión se reinstaló y se incluyó la moción de remoción, bajo la protesta de Almeida, Rosero y Dávalos.

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Rosero suspendió esa reunión y no la volvió a convocar en los siguientes trece días, por lo que los cuatro consejeros de mayoría la reinstalaron el miércoles 9 de febrero.

Ahí removieron de sus dignidades de presidenta y vicepresidente a Almeida y Rosero, y asumieron Ulloa y Rivadeneira, en su orden.

Esto desató una crisis institucional que se debate entre la medida cautelar de Almeida y la acción de protección de Ulloa, quienes aseguran ser los titulares del CPCCS.

De su lado, el Gobierno nacional reaccionó a las acusaciones de Almeida, Dávalos y Rosero, de que están interfiriendo en sus funciones para tener el control de los concursos de designación de autoridades, entre ellos, del titular de la Contraloría General del Estado.

En un escueto comunicado, publicado este 11 de febrero, el régimen, encabezado por el presidente Guillermo Lasso, “reafirmó su absoluto compromiso con el principio de separación de poderes y el Estado de Derecho”.

A línea seguida, se mostraron en la obligación de “respetar la decisión tomada por el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y el fallo de la justicia que la avala”.

Sin embargo, ese comunicado no aclara cuál de los fallos emitidos es el que avalan: el que es a favor de Almeida o el que resuelve a favor de Ulloa. (I)