El presidente de la República, Guillermo Lasso, dispuso la publicación como decreto ley en el Registro Oficial (RO) de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19.

La decisión se comunicó a las 12:43 de este 29 de noviembre al director del Registro Oficial, Hugo del Pozo, en la que explica que el proyecto de ley de carácter económico urgente se discutió en segundo debate el 24 y 26 de noviembre pasado en la Asamblea Nacional, sin haberse aprobado, negado o modificado.

Según Del Pozo está prevista su publicación a eso de las 18:00, pues la entidad se encontraba diagramándola para ponerla en conocimiento de la ciudadanía.

Con ello, entraría en rigor desde este 29 de noviembre, pues así se detalla al final del texto legal. Es decir, que “entrará en vigencia” luego de su promulgación el Registro Oficial.

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La normativa, que fue puesta en conocimiento del Parlamento el 28 de octubre pasado y en “vista de que no ha aprobado, modificado o negado el proyecto” de conformidad con el artículo 140 de la Constitución y el inciso sexto del artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), fue promulgada como “decreto-ley y por consiguiente solicito su publicación en el Registro Oficial”, se señala en el oficio que remitió Lasso al RO.

La Función Legislativa comunicó a la Presidencia de la República el pasado sábado de cómo se tramitó la normativa.

Se detalla que en la sesión del 26 de noviembre se puso a consideración del pleno el texto legal, sobre el cual se presentó la moción de aprobación del texto íntegro propuesta por el asambleísta oficialista Francisco Jiménez, de Creando Oportunidades (CREO); luego, la moción de votación del proyecto aparejado al informe de minoría, propuesta por el asambleísta del correísmo de Unión por la Esperanza (UNES) Carlos Zambrano; y la moción de negación y archivo de la propuesta legal, planteada por la asambleísta Mireya Pazmiño, de Pachakutik (PK), “sin que ninguna de las mociones en referencia obtuviera los votos necesarios para su aprobación”.

No obstante, en dicho documento no se menciona la moción planteada por el legislador del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres, que planteó negar el informe de mayoría para el segundo debate, que obtuvo 90 votos a favor.

En todo caso, el plazo para que el Legislativo se pronuncie sobre este articulado vencía el sábado último, debido a que las iniciativas del Ejecutivo de carácter urgente en materia económica tienen 30 días para su tratamiento.

Con ello, al no haber un pronunciamiento para modificarla, aprobarla o negarla, como lo determinan el artículo 140 de la Constitución y el artículo 62 de la LOFL, deberá publicarse por decreto-ley.

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La Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19 está compuesta por 207 artículos, 8 disposiciones generales, 15 disposiciones transitorias, una disposición interpretativa y una disposición derogatoria.

Además, reforma la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno; el Código Tributario; el Código Orgánico Administrativo; el Código Orgánico General de Procesos; el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos; la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos; la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal; reformas al sector de las Telecomunicaciones; al sector de hidrocarburos; al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.

Entre otras, la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria; la Ley de Registro Único de Contribuyentes; la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas; el Código Orgánico de la Función Judicial; la Ley de Regulación y Control del Poder del Mercado; la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación; y, la Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad.

En su cuenta de Twitter, el jefe de Estado defendió la iniciativa económica, que tendrá el objetivo de recaudar $ 1.900 millones en dos años, que se destinarán al financiamiento de políticas públicas.

“La Ley de Desarrollo Económico tiene el objetivo de recaudar $1.900 millones en 2 años, que se destinarán a la protección de los más vulnerables y al fortalecimiento de programas de asistencia social. Solo el 4% de la población realizaría aportes adicionales. (...) Da incentivos tributarios en deporte, cultura, educación, ambiente y turismo. Elimina IVA a pañales, productos de higiene femenina, alcohol, gel antibacterial y mascarillas. Los beneficios son inmensos. Es un gran paso para reactivar la economía y lograr la sostenibilidad fiscal. Desde el Gobierno del Encuentro reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por su bienestar. Quienes más tienen, contribuirán para sacar adelante al Ecuador” describió.

Mediante un comunicado oficial, la Presidencia de la República informó del envío del texto al Registro Oficial para su publicación, y se argumentó que cuenta con “principios de progresividad, justicia y protección a los más vulnerables”.

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“El Ecuador puede mirar al futuro con optimismo; significa la construcción de un nuevo camino hacia la reactivación del país y la generación de empleo para los ecuatorianos que más lo necesitan”, se detalló en la misiva.

Por lo pronto, su publicación mediante la figura del ministerio de la ley causó rechazo en sectores sindicales.

La Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), liderada por Mesías Tatamuez, anunció en un comunicado su rechazo a la norma, porque le “mete la mano al bolsillo ecuatoriano, al pueblo, aplicando la vieja práctica de un gobierno impuestero en contra de la clase media y los pequeños productores”. (I)