Presidente Guillermo Lasso no se confió de que tenía votos para superar el juicio político y activó la muerte cruzada

El presidente de la República, Guillermo Lasso, no se fio de tener los votos suficientes para salir bien librado del juicio político planteado en su contra, pues no tenía las garantías suficientes de gobernabilidad con una Asamblea Nacional donde los correístas y socialcristianos, dos días antes de la interpelación, tomaron el control absoluto del Parlamento.

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El juicio político contra el mandatario, planteado por los correístas y socialcristianos, se inició el 16 de marzo y dos meses después llegó al pleno de la Asamblea Nacional. En ese tiempo el Gobierno midió sus posibilidades de supervivencia política ante la presión del correísmo y socialcristianos que buscaban su censura y destitución, en un proceso que para el régimen era atropellado y sin pruebas.

El primer mandatario acudió al pleno del Parlamento el 16 de mayo, ahí acusó a sus acusadores de haber abandonado su rol de legisladores; le dijo que son antilegisladores porque no crean leyes, sino que las destruyen; que no piensan en crear reglas de convivencia, sino en cómo romperlas para su propia conveniencia.

Según el presidente Guillermo Lasso, a lo largo del juicio, jamás los asambleístas intentaron acercarse a la verdad, sino meramente al poder; por lo tanto, los acusó de intentar destruir la credibilidad no de la presidencia, sino de la democracia.

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Tras su comparecencia, la Asamblea Nacional abrió el debate y participaron al menos 41 asambleístas de todas las tendencias; transcurridas nueve horas de sesión el interés del juicio bajó considerablemente, y a las 22:03 del martes 16 de mayo, el entonces presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, suspendió la sesión 872 y anunció su reinstalación para el día siguiente, que nunca se ejecutó porque el Palacio Legislativo amaneció cercado de policías y militares.

En el debate uno a uno de los legisladores que intervinieron la noche del martes anticiparon su posición frente al juicio. Para evitar una censura el presidente Guillermo Lasso necesitaba mínimo 46 votos que sí los tenía entre la bancada oficialista llamada Ecuador, un sector de Pachakutik, una ala de la Izquierda Democrática y algunos independientes.

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Pero también, en el debate, surgieron amenazas y llamados a movilizarse hasta conseguir la salida del presidente Guillermo Lasso Mendoza, sea por la vía de la destitución o renuncia.

La exlegisladora Nathalie Arias, que representaba al oficialismo en la Asamblea hoy disuelta, comentó que la aplicación de la muerte cruzada siempre estuvo en la mesa por las circunstancias adversas que desde el inicio mantuvo la Legislatura.

También sostuvo que no era solo salvarse del juicio, sino varias consideraciones adicionales que podrían haber venido después, pues superar el episodio del juicio político no era una garantía que mañana se vuelva a intentar una quinta vez en pedidos de destitución del primer mandatario. Otro de los ejes que analizó el Gobierno es la activación continua, desde la Asamblea Nacional, de acciones de impunidad y revisión de sentencias por parte del correísmo.

Igual, comentó que en alguna medida la decisión de aplicar la muerte cruzada abonó los resultados de las elecciones internas en la Asamblea Nacional realizadas el domingo 14 de mayo, porque el Legislativo iba hacia un bloqueo permanente a las acciones de gobernabilidad desde el Ejecutivo. Estaba presentado un proyecto de ley urgente de reforma tributaria para reducir impuestos, y aún no era calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), y tampoco estaban integradas las comisiones especializadas permanentes para direccionar el trámite de la propuesta del Gobierno.

En adelante, este sector de exasambleístas se dedicará a revisar su proyecto político y cuyo objetivo inmediato es administrar, de la manera más adecuada y ágil, el proceso que tendrá que darse para enfrentar las próximas elecciones.

Ricardo Vanegas, exlegislador nacional de Pachakutik, señaló que por las intervenciones, en el debate del juicio político, estaba claro que no había los votos suficientes para destituir al primer mandatario, máximo hubiera llegado a 85 votos de los 92 que necesitaban los correístas y socialcristianos.

Pero el problema radica en que esa alianza entre los socialcristianos, correístas, la Izquierda Democrática dirigida por Wilma Andrade y Pachakutik dirigido por Leonidas Iza, no tenían como finalidad dar gobernabilidad al presidente, Guillermo Lasso, sino buscar un golpe de Estado mal llamado constitucional, con el fin de crear inestabilidad.

En el caso de los correístas, al inicio del juicio político contra el mandatario, pedían la aplicación de la muerte cruzada que hoy ya la tienen, y en cambio, otros partidos como el Partido Social Cristiano y una parte de la Izquierda Democrática dicen que eso no procede, cuando es una facultad del presidente de la República contemplada en el artículo 148.

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“Creo que las cosas están dadas, y es recomendable para los exasambleístas que vayan pensando volver a sus trabajos y se dediquen a otras actividades, y si quieren vuelvan a presentarse en las elecciones para ver si los eligen, cosa que yo no creo”, subrayó Vanegas.

La exlegisladora Gissela Garzón, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), reitera que no presentarán ninguna acción de inconstitucionalidad, pero cree que la activación del artículo 148 de la Constitución con el cual se disuelve la Asamblea Nacional es una respuesta del Gobierno porque “se veía perdido en el juicio político, y con ello, una vez más da un golpe a la democracia”.

Aclaró que no existía un bloqueo de parte de la bancada correísta que venía funcionando junto al PSC desde hace un año, y pues entregó algunos proyectos importantes en materia de seguridad. El Gobierno pensó que el control político únicamente funcionaba cuando se trata de sus adversarios, cuando la Asamblea lo que hizo es seguir un fallo de la Corte Constitucional.

Garzón insistió en que el Ejecutivo sí tenía garantías de gobernabilidad que venían mostrándose, porque esta mayoría entre UNES, PSC, un sector de la ID y Pachakutik, no es que se conformó de cara a las elecciones internas de la Asamblea, sino que venía actuando hace varios meses.

Hasta las 22:00 del 16 de mayo, según el exlegislador nacional, Fernando Villavicencio, había 52 votos para impedir la censura y destitución del presidente Guillermo Lasso, pero finalmente se impuso un análisis reflexivo con el apoyo de inteligencia que advertía que incluso la salvación del presidente no significaba impedir que la conspiración continúe, sino que pase a otro nivel.

Todo esto, añadió, porque el pacto entre Rafael Correa, Jaime Nebot y Leonidas Iza iba más allá de la Asamblea Nacional e involucraba la revisión de la sentencia del caso Sobornos y otros que permitan el retorno del exmandatario al país.

La fiscal Salazar en la mira

Villavicencio además señaló que estaba en marcha un pedido de juicio político en contra de la fiscal general, Diana Salazar, que iba a ser presentado por la asambleísta del correísmo, Luisa González, y paralelamente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), se alistaba para designar un Contralor del Estado a su medida y el reparto de las direcciones provinciales.

A nivel del legislativo la nueva mayoría iba hacia un control total de comisiones como Fiscalización, Régimen Económico y otras, donde no iban a permitir al Gobierno aprobar ninguna ley de carácter económica ni laboral; es decir, el Ejecutivo descubrió finalmente que ya no era solo impedir el juicio político, sino garantizarse la gobernabilidad.

Ahora sin asambleístas, el Gobierno de Guillermo Lasso no tiene excusa de que la Asamblea Nacional bloquea, y lo principal que tiene que hacer es responder a los sectores más golpeados por la crisis que es la salud, educación y la lucha contra el crimen organizado para devolver la seguridad al país.

Todo esto, añadió el exlegislador Villavicencio, pone en el escenario que el país se acostumbre a prescindir de la Asamblea Nacional, porque los ciudadanos verán si es el Legislativo el que estorba, pero todo eso se dará si el Gobierno actúa con sensibilidad e inteligencia. (I)