Procuraduría suma tres procesados a su acusación particular en el caso Sinohydro; el miércoles próximo se dará la audiencia preparatoria de juicio

Beatriz Herdoíza, Priscila Burneo y Carlos Almeida son los tres últimos procesados en el caso Sinohydro contra quienes la Procuraduría General del Estado presentó y se le aprobó una acusación particular. El miércoles 26 de julio próximo, los 25 procesados contra quienes la Fiscalía ha anunciado un dictamen acusatorio enfrentarán una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Herdoiza, Burneo y Almeida se suman a la lista de 18 procesados contra quienes ya la Procuraduría pidió ser su acusadora particular por hechos de corrupción que habrían ocurrido en el proceso de contratación de la empresa que se encargó de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. En total, la PGE sería la acusación particular de 21 de los 25 investigados que aún quedarán dentro del proceso penal.

La lista de acusados por la Procuraduría se completa con el expresidente Lenín Moreno; su esposa, Rocío González; su hija Irina Moreno; Edwin y Guillermo Moreno Garcés, hermanos del ex primer mandatario; Martha González, cuñada de Moreno; el empresario y abogado Conto Patiño; cuatro de sus hijos: María Auxiliadora, Juan Carlos, Patricia, Manuel Patiño Herdoíza; el empresario Xavier Macías Carmigniani, yerno de Conto Patiño; abogados, exfuncionarios públicos ecuatorianos y cinco exfuncionarios de la estatal china Sinohydro, entre quienes está el exembajador de China Cai Runguo.

Caso Sinohydro: Cai Runguo, el exembajador chino investigado en el caso Sobornos, enfrentará una audiencia en la que revisarán la medida cautelar que no ha cumplido

La Fiscalía en este caso investigó una red de corrupción que habría operado entre 2009 y 2018 en Ecuador y otros países con paraísos fiscales, para hacerse de $ 76 millones en coimas entregadas por acciones que facilitaron que la empresa china Sinohydro se quedara con la construcción del proyecto hidroeléctrico emblema del correísmo: Coca Codo Sinclair.

En estos cuatro meses de instrucción fiscal, etapa que cerró el 14 de julio pasado, la fiscal general Diana Salazar no pudo recabar elementos para continuar con la acusación contra otras quince personas que eran procesadas. Ante ello, anunció un dictamen abstentivo para Jacqueline Viteri Cedeño, cuñada del expresidente Moreno y esposa del también procesado Edwin Moreno; una nieta de Conto Patiño, María Patiño; un exmiembro del directorio de la hidroeléctrica Coca Codo, Francisco Castelló; además de abogados y extrabajadores de los Patiño en varias empresas, como Comercial Recorsa y Novatex.

El empresario Juan Manuel Durini también es uno de los sobreseídos, aunque su esposa, Priscila Burneo, vinculada el 14 de junio pasado al proceso junto con su abuela Beratriz Herdoíza, es parte de quienes recibirán un dictamen acusatorio.

La etapa de evaluación y preparatoria de juicio del caso denominado Sinohydro se instalará a casi cinco meses de que se formularon cargos contra 37 personas.

La megaobra realizada en el gobierno de Correa habría costado al país más de $ 2.000 millones. Se realizó con un crédito del Eximbank de China en momentos en que Lenín Moreno era vicepresidente de la República, Conto Patiño representaba comercialmente a la empresa china Sinohydro y Cai Runguo era el embajador de China en Ecuador.

El artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala respecto al cohecho que los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución, que reciban o acepten, por sí o por interpuesta persona, beneficio económico indebido o de otra clase para sí o un tercero, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones, serán sancionados con pena de cárcel de uno a tres años.

Jorge Glas afirma en versión que el expresidente Lenín Moreno lo contactó para pedir que reciba a una persona que estaría a cargo del tema Sinohydro

Además, anota la norma, si la o el servidor público ejecuta el acto o no realiza el acto debido será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Si la conducta descrita es para cometer otro delito, la o el servidor público será sancionado con pena de cárcel de cinco a siete años.

La Procuraduría participará en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio luego de la Fiscalía. Se anexará al dictamen oficial en cuanto a los 21 acusados contra quienes cree han intervenido en el acto de corrupción que ha afectado al Estado ecuatoriano. Deberá anunciar en la diligencia la prueba pericial, testimonial y documental que usaría en el caso de que el conjuez Bayardo Espinosa, de la Corte Nacional, decida emitir un auto de llamamiento a juicio. (I)