El fantasma de las protestas sociales en rechazo a la reducción de los subsidios a los combustibles volvió, pero hasta el momento no ha tomado impulso entre los choferes ya que el gobierno de Daniel Noboa Azín se acercó a la cúpula de este sector planteando un diálogo directo, con propuestas de compensación y ofrecimiento de políticas públicas.
En estas últimas dos semanas, representantes del régimen sostuvieron conversaciones con los dirigentes del transporte en el que estarían asociados unos 400.000 choferes y transportistas conglomerados en diferentes modalidades. Según sus estimaciones, sin contar con la informalidad, se dividen en 12.000 buses de transporte urbano, 13.000 interprovinciales, 7.000 furgonetas, 100.000 taxis y 25.000 camionetas.
Estos datos constan en el Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales (Suios), que registra a varias de las federaciones nacionales que hoy dialogan con el régimen. Aunque al intentar acceder a su información aparece un mensaje que dice: “La organización debe regularizar su estado jurídico en el ministerio/secretaría que le otorgó personalidad jurídica”.
Publicidad
Este sector del aparato productivo no se unirá a las manifestaciones antigobierno convocadas para este jueves, 4 de julio de 2024, que prepararon el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Frente Popular y otras afines, para oponerse al incremento a los precios de las gasolinas extra y ecopaís en 26 centavos que rige desde la medianoche del pasado 28 de junio.
La estrategia gubernamental de acercamiento con la dirigencia de la transportación se habría preparado en el hermético Palacio de Gobierno con un minúsculo consejo de ministros para evitar fugas de información que indispongan a los sectores sociales antes de los anuncios.
En ese concilio se elaboró el plan que integra la compensación para aquellos conductores de vehículos que consumen gasolina y la plataforma virtual para que se registren y reciban el valor económico.
Publicidad
Se calcula que son 84.000 beneficiarios directos que integran a los taxis, camionetas, motos y tricimotos que consumen gasolina.
En el contexto de estas medidas económicas, no solo estos grupos fueron parte del diálogo, sino también los dirigentes del transporte pesado, urbano e interprovincial, quienes buscaron del régimen respuestas a sus demandas y llegaron a acuerdos que deberían cumplirse a corto plazo.
Publicidad
¿Quiénes las lideran?
La administración de Daniel Noboa, a través del Ministerio de Gobierno y su viceministro Esteban Torres Cobo, invitó a directivos de varios gremios a participar de espacios de diálogo llamados mesas técnicas desde el 24 de junio pasado. Hasta el momento se han realizado tres encuentros en los que los rostros visibles fueron los de seis dirigentes nacionales.
Napoleón Cabrera Yumbay, quien lleva alrededor de 30 años presidiendo la Federación de Transporte Liviano, Mixto y Mediano del Ecuador (Fenacotrali). Oriundo de Azogues, es abogado y se candidatizó para vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en los comicios de febrero del 2023. Sin embargo, no alcanzó el número de votos.
Años atrás fue director administrativo del Municipio de Azogues, exdiputado alterno por Cañar entre 1998 y 2002 y exconsejero de la Prefectura.
Abel Gómez Cevallos, manabita, gerente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip), es abogado y fue candidato a prefecto de Manabí en las elecciones seccionales del 2019, auspiciado por la alianza Avanza, Justicia Social, Izquierda Democrática (ID) y Machete. También postuló a asambleísta por esa provincia por el partido Avanza en las elecciones generales del 2021.
Publicidad
Bajo la presidencia de Gómez en la Fenacotip se respaldó al Gobierno del entonces mandatario Rafael Correa y su exministro de Transporte Walter Solís, los dos prófugos de la justicia procesados por hechos de corrupción.
En el mandato de Lenín Moreno Garcés fue llamado a juicio por el presunto delito de paralización de servicio público tras convocar al paro de transportistas en octubre del 2019, al oponerse a la eliminación de los subsidios a la gasolina y el diésel.
Tiempo después, la Asamblea Nacional aprobó en el 2021 un paquete de amnistías que incluyó a 268 personas, entre ellas, los transportistas y dirigentes sindicales.
Un rostro femenino en estos diálogos es el de la guayaquileña Shirley Rivera Guerrero, presidenta de la Federación Nacional de Transporte Terrestre, Turístico del Ecuador (Fenatture).
Sus pasos se iniciaron como conductora de vehículos escolares y de turismo. Fue organizándose en el sector y conformó la Unión Provincial de Operadores de Transporte Turístico del Guayas (Upotug), que se extendió a otras provincias hasta formar Fenatture.
En el transporte pesado está la Federación de Cooperativas de Transporte Pesado del Ecuador (Fenacotrope), presidida por Carlos Macías Zabalú, abogado vinculado a la transportación desde hace más de 40 años y ha sido reelecto como presidente de este gremio en varias ocasiones.
Está también la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape), cuyo representante es Luis Felipe Vizcaíno Andrade, ingeniero comercial, reelecto en la presidencia del gremio.
Hoy, su postura frente al Gobierno está alineada a pedir seguridad en las carreteras y puertos, por el índice de criminalidad y asaltos de los que son víctimas los choferes a diario, reclamó.
Otro actor de la transportación es el gremio amarillo, liderado por Jorge Calderón, a través de la Federación Nacional de Operadores de Transporte en Taxis del Ecuador (Fedotaxis).
Calderón es tecnólogo y ha estado ligado a este fragmento del transporte hace más de una década.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la administración de Rafael Correa, le concedió la personería jurídica a su federación, con la cual participa activamente en los diálogos con los gobiernos de turno.
Pese a que en la presidencia de Lenín Moreno había un apoyo político, este se rompió cuando se emitió el Decreto 883 que eliminaba los subsidios a los combustibles y se produjeron las protestas de octubre del 2019.
Jorge Calderón fue procesado por paralización de servicio público, pero se benefició de la amnistía aprobada por la Asamblea Nacional en el 2021.
Entre otras asociaciones, que no han participado activamente en esta coyuntura, están la Federación Nacional de Transporte Urbano (Fenatu), cuyo representante legal es Wilson Vergara Vivanco, quien es también gerente general de la cooperativa de buses Latina en Quito y director administrativo del Sindicato de Choferes de Pichincha.
La Federación de Transporte en Tricimotos, Mototaxis afines del Ecuador registra a Luis Morán Castro como su representante legal; otra es la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador (Fenatei), presidida por Oswaldo Guamán Martínez desde el 2012.
Los principales gremios del transporte público anunciaron que no participarán en las protestas de este jueves, pues confían en que el Gobierno nacional cumplirá con los acuerdos sellados el miércoles último, en la reunión participaron los ministros de Gobierno y Transporte, Michelle Sensi-Contugi y Roberto Luque.
Algunos de los acuerdos son instalar una mesa permanente de seguridad del transporte; acceder a líneas de crédito productivo; exoneración del impuesto al valor agregado (IVA) para la “canasta de operación del parque automotor”; elaborar el proyecto de reglamento de la Ley de Tránsito, entre otros.
