La Unión Nacional de Educadores (UNE) hará una movilización antigubernamental el próximo 4 de julio para exigir presupuesto y seguridad para los docentes.

La organización social anunció este martes, 11 de junio, que el próximo 4 de julio llevará a cabo una jornada de protestas en las 24 provincias para exigir al gobierno de Daniel Noboa Azín presupuesto para el sector de la educación y seguridad para los docentes que están siendo víctimas de la delincuencia y extorsiones.

«El Gobierno ha provocado al magisterio por no dar presupuesto y seguridad para los docentes. Acudiremos a la Corte Constitucional para que se ratifiquen los derechos del magisterio y a las gobernaciones para exigir medidas concretas en seguridad y presupuesto para financiar el desayuno y textos escolares», expresó el presidente de la UNE, Andrés Quishpe.

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El gremio elevará también su reclamo en contra del reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), emitido por el Ministerio de Educación en la administración de Guillermo Lasso.

El documento estaría siendo utilizado —precisa la UNE— como un filtro para afectar la carrera docente que ha dejado a más de 15.000 profesores sin ser parte del escalafón, otros 7.000 sin la equiparación salarial y otros 127.237 maestros sin acceso a concursos de méritos.

Adicionalmente, la UNE hizo un llamado a reactivar la unidad de los grupos de la sociedad civil como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Campesinas y Negras (Fenocin) «para enfrentar la ofensiva neoliberal determinada por el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional».

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Esto, como parte de la convocatoria a una marcha en Quito organizada por el Frente Popular, del que es parte la UNE, para rechazar la liberalización de los precios de las gasolinas extra y ecopaís.

Esta es una reciente medida económica auspiciada por el Gobierno nacional para dar respuesta al acuerdo ampliado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que otorgó $ 4.000 millones para el presupuesto público ecuatoriano. (I)