Fue una reforma electoral que pasó desapercibida en los comicios generales del 2021, pero que por las características de las seccionales del 5 de febrero de 2023 toma relevancia para la inscripción de las candidaturas, y está relacionada con el requisito de que quien aspire a representar a una determinada jurisdicción deberá haber sufragado en ese recinto en el último proceso electoral.