En el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) también está pendiente hacer una primera renovación de dos de sus jueces, una tarea en la que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no avanza.
Los miembros del Tribunal Contencioso Electoral llevan en funciones extendidas por un año y cuatro meses, sin que el CPCCS haya cumplido con la primera renovación parcial que ordena la Constitución.
A estos pendientes se suman la renovación parcial y total del Consejo Nacional Electoral —que junto con el TCE forman la Función Electoral—, de la Defensoría del Pueblo, Consejos Nacionales de Igualdad (CNI), Consejo Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), entre otras.
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No obstante, la situación del órgano de justicia electoral tiene características especiales, a raíz de las actuaciones del desaparecido Consejo de Participación Ciudadana de Transición (CPCCS-T), que entre el 2018 y mediados del 2019 evaluó a varias de las autoridades de control del Estado, las destituyó y nombró, mediante concursos públicos extraordinarios, a sus reemplazos.
El CPCCS-T cesó a los exjueces electorales Mónica Rodríguez, Vicente Cárdenas y Miguel Pérez, pero no a Arturo Cabrera Peñaherrera y Patricia Guaicha, debido a que estos dos últimos llegaron en reemplazo de otras exautoridades que habían renunciado previamente, como Patricio Baca Mancheno y Patricia Zambrano.
Los ocho jueces que eligió el anterior Consejo Transitorio integró a tres miembros principales y cinco suplentes, que son:
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- Fernando Muñoz Benítez (principal)
- Joaquín Viteri Llanga (p)
- Ángel Torres Maldonado (p)
- Ivonne Coloma Peralta (suplente)
- Wilson Ortega Caicedo (s)
- Richard González Dávila (s)
- Patricio Maldonado Benítez (s)
- Roosevelt Cedeño López (s)
Como no se destituyó a Cabrera y Guaicha, sumaban diez, y se quedaron como jueces principales en el TCE hasta el 8 de noviembre del 2022, cuando se apartaron voluntariamente de sus cargos porque completaron el periodo de seis años que dictamina la carta política y querían evitar que sus fallos sean sujetos de acciones legales de prorrogarse en sus funciones.
Con su salida, se principalizaron Ivonne Coloma y Guillermo Ortega, y el pleno de cinco se completó con Muñoz, Viteri y Torres. Y, como suplentes, González, Maldonado y Cedeño.
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La primera renovación parcial del Tribunal correspondía hacerla en abril del 2022, ya que según el artículo 220 de la Constitución los jueces ejercen sus funciones por seis años y se renuevan parcialmente cada tres años: dos en la primera ocasión y tres en la segunda.
De esa forma, en el 2022 correspondía la primera renovación y en el 2025 tendría que culminar la renovación de tres, según lo explicó el juez y expresidente del Tribunal, Fernando Muñoz Benítez.
Sus cálculos refieren que los tres vocales hombres, él, Joaquín Viteri y Ángel Torres, cumplirán en mayo del 2025 sus seis años en funciones, cuando corresponderá hacer la renovación.
En tanto, la primera reconfiguración sigue pendiente y debía hacerse para elegir a dos mujeres en reemplazo de Arturo Cabrera y Patricia Guaicha.
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Esto tomando en cuenta que, en el lugar de estas dos exautoridades, se principalizaron Ivonne Coloma (actual presidenta del TCE) y Guillermo Ortega.
“El Consejo de Participación Ciudadana tiene una deuda, porque debió convocar a su debido tiempo para reemplazar y nombrar juezas principales. Los tres jueces estamos nombrados hasta mayo del 2025 y se debía nombrar dos juezas que no lo ha hecho”, expresó Muñoz y recordó que en su momento pidió a las autoridades del CPCCS que lleven a cabo el proceso de selección sin respuesta.
El concurso público para elegir a jueces electorales se hace a través de las denominadas comisiones ciudadanas, que las integran cinco personas en representación de la ciudadanía que superen un proceso de selección con calificación de sus méritos, no estar incursos en prohibiciones y la impugnación o escrutinio público.
Los otros cinco son enviados en delegación de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social, a quienes se les revisa el cumplimiento de requisitos de ley y el escrutinio ciudadano. No se los califica.
En la administración de Hernán Ulloa Ordóñez, en septiembre del 2022, se abrió la convocatoria para conformar esta comisión ciudadana y no hubo el número esperado de interesados, por lo que ampliaron la convocatoria en al menos dos ocasiones más, sin éxito. Hasta la actualidad se desconoce cuál fue el número de postulantes a ser comisionado y si aún estarán interesados en seguir en el proceso.
El objeto de contar con un alto número de concursantes es que se cuente con un banco de elegibles de 30 personas: 15 hombres y 15 mujeres de aquellos que hayan obtenido las calificaciones más altas para que, en el caso de que sean descalificados, puedan convocar al siguiente comisionado preseleccionado.
Conformar la comisión ciudadana tomaría alrededor de cuatro meses y, según el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, están preparando los mecanismos legales para reactivar los procedimientos administrativos.
Sin embargo, están concentrados en completar la comisión ciudadana que asumirá el concurso de renovación de dos vocales del Consejo Nacional Electoral, que también está pendiente desde noviembre del 2021. (I)
