En medio de un año de ajustes, Unidad Especializada contra Delitos de Corrupción y Crimen Organizado mantiene el 76,6 % de casos resueltos

Falta de entendimiento de la norma, poca carga laboral, ambigüedades de orden legal, poca coordinación en el trabajo, resoluciones para aclarar las competencias, incremento de jueces especializados... han sido, entre otras, las etapas por las que ha atravesado la Unidad Judicial Especializada en el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado en su primer año de existencia.

En primera instancia se dijo que en agosto de 2022 estaría en funcionamiento esta nueva unidad. Luego, debido a retrasos, se señaló que la puesta en marcha de este proyecto sería a finales de octubre. Finalmente, luego de nueve meses y la inclusión de 52 días de un curso de formación inicial, los catorce jueces: dos de unidad, seis de tribunal y seis jueces de sala provincial empezaron su trabajo el 9 de diciembre de ese año.

En noviembre de 2021, el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió la creación de esta Unidad Judicial, luego que la tarea de implementar jueces especializados en corrupción y crimen organizado fue dispuesta como parte de un paquete de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), aprobado por la Asamblea Nacional y publicado en el Registro Oficial 345 del 8 de diciembre de 2020.

Casos de corrupción y crimen organizado serán tratados solo por los jueces anticorrupción, en Quito

Cifras oficiales del CJ señalan que entre diciembre de 2022 y enero de 2024 a esta, también conocida como Unidad Anticorrupción, ingresaron 1.356 causas y se han resuelto 1.040. De este último total, 710 fueron resueltas por jueces de unidad, 80 por los magistrados de tribunales y 250 casos pasaron para su resolución por jueces provinciales que integran las salas.

Los primeros meses de funcionamiento de la Unidad Judicial Especializada, la cual tiene su sede en Quito, llegaron no teniendo la carga procesal deseada, ni estando en conocimiento de los 44 tipos penales para los que fue creada: 37 delitos relacionados con el crimen organizado y siete de corrupción.

En la sesión ordinaria de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), del 31 de mayo de 2023, los magistrados que integraban el pleno de la institución analizaron la situación de esta nueva unidad y debatieron una resolución para aclarar la competencia de los jueces especializados. Se hablaba de que en el primer semestre esta sede judicial manejaba muy bajos números.

Por ejemplo, hasta abril de 2023 tenían una carga procesal de 270 causas ingresadas, de las cuales el 65,19 % (176) tenían que ver con causas penales y el 34,81 % (94) son causas constitucionales. La mayoría de esos casos no cumplían las características para estar en esta unidad especializada: trascendencia o connotación nacional o internacional, intervención de una estructura criminal organizada, reiteración de delitos por parte de la misma, la grave afectación a los bienes jurídicos protegidos...

Para finales de mayo pasado, Iván Saquicela, presidente de la CNJ, explicaba que pese a que la Unidad Anticorrupción está en pleno funcionamiento, mantenía problemas, como no tener la carga procesal deseada y no estar en conocimiento de las materias especializadas para las que se creó esa judicatura. De lo que se conocía, los catorce jueces que integraban la unidad habían centrado su trabajo en atender acciones constitucionales, autorizaciones de actos urgentes, entre otras.

Reuniones entre la CNJ y los jueces anticorrupción revelaron que entre las razones más fuertes para que no llegaran muchos casos era que procesos sobre materias como el crimen organizado se quedaban en jueces ordinarios de provincias como Esmeraldas, Guayas, Manabí... y no pasaban a Quito, donde está la sede de los jueces especializados llamados a conocer directamente ese tipo de causas.

Esta situación se daba pese a que desde el 2022 se aclaró desde el CJ que los jueces de provincia estaban obligados a enviar a los jueces especializados los casos relacionados con los 44 delitos que tenían que ver con corrupción y crimen organizado. Aún así, el pleno de la CNJ aprobó una resolución que respondió a cinco dudas que mantenían los jueces anticorrupción sobre la competencia de lo procesal en un caso e incluso de aspectos preprocesales.

“El pleno de la CNJ resuelve esta problemática que se dio por ambigüedades de orden legal. Esta resolución consiste, primero, (...) que todos los casos en materia de corrupción y crimen organizado serán imperiosamente conocidos por jueces anticorrupción; y, segundo, cuando se trate de delitos flagrantes, haya formulación de cargos, detenciones, allanamientos, acciones urgentes, entre otras, serán de conocimiento de los jueces anticorrupción, aunque sucedieran en cualquier parte del país”, anotó Saquicela.

Con los cambios y definiciones, para junio de 2023 estas dependencias judiciales especializadas ya habían recibido 493 causas y lograron resolver 380. Para ese punto los delitos más conocidos por los jueces de la Unidad Anticorrupción estaban relacionados con delincuencia organizada, tráfico ilícito de sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, peculado, secuestro, lavado de activos y procesos derivados de las diferentes provincias, entre otros.

El primer año de funciones de la unidad le tomó a esta instancia con el incremento de causas por conocer, debido a los decretos ejecutivos 110 y 111 adoptados, el 8 y 9 de enero pasado, por el presidente Daniel Noboa para declarar estado de excepción y toque de queda por un conflicto armado interno a nivel nacional en el que se ordena a las fuerzas militares neutralizar a 22 grupos del crimen organizado transnacional declarados terroristas.

Según los resultados que han arrojado los operativos del Eje de Seguridad, entre el 9 de enero y el 8 de febrero pasados se han dado 80.701 operativos en los que han existido 6.626 detenidos, 241 de ellos por terrorismo, delito que es parte del catálogo de delitos de la unidad especializada que tiene que ver con el crimen organizado.

Jueces especializados en delitos de corrupción y crimen organizado arrancarán su trabajo con carga procesal cero; la nueva Unidad Judicial conocerá 44 tipos penales

Observando esta nueva carga laboral, el 15 de enero pasado, en sesión extraordinaria, el pleno del Consejo de la Judicatura nombró nuevos jueces permanentes para la Unidad Anticorrupción. Con esta incorporación el número total de jueces en los tres niveles pasó a 23. Los nuevos juzgadores fueron seleccionados del banco de elegibles del concurso público de méritos y oposición realizado en 2022.

Cuatro de los jueces designados se incorporaron en la Unidad de Garantías Penales, en la cual ya se habían sumado meses atrás dos jueces, y tres jueces más se decidió que conformen un nuevo Tribunal, con sede en la provincia de Pichincha. Finalmente, en la Unidad Judicial (primer nivel) existirán ocho jueces, en los tribunales especializados existirán tres Tribunales (nueve jueces en total, tres por Tribunal) y en Sala Especializada Provincial dos salas (seis jueces en total, tres por cada sala).

Según el CJ, con estas designaciones, son 23 los administradores de justicia especializados que conocerán este tipo de casos y aportarán en el procesamiento de las causas que se han iniciado en los últimos días, por la aplicación del decreto ejecutivo mediante el cual se declaró al Ecuador en estado de “conflicto interno armado”.

Datos del CJ señalan que solo en enero de 2024 a la Unidad Especializada ingresaron 207 causas. Esta es una cifra superior a la registrada en los meses de junio (131 causas), julio (119 causas) y agosto (115 causas) de 2023, meses en los que el mayor número de causas ingresaron. (I)