El pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) no admitió una denuncia de infracción electoral por presunta concusión interpuesta en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, a quien el Gobierno de Daniel Noboa Azín la envió a Israel como embajadora para mediar por la paz en un conflicto bélico histórico con Palestina.
Por unanimidad, el 2 de julio de 2024, el pleno del Tribunal Contencioso Electoral inadmitió una denuncia por infracción electoral por presunta concusión planteada por Manuel Peñafiel Falconí, presidente de una organización llamada Corte de Justicia Indígena del Ecuador, contra Verónica Abad.
Peñafiel argumentó que su demanda se basa en un delito de concusión a una persona de elección popular, como es Abad, y como pruebas presentó la denuncia penal que ingresó en la Fiscalía General del Estado y que se habían “siniestrado” sus derechos y “discriminado” a los pueblos y nacionalidades indígenas.
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Peñafiel, en su denuncia, explicó que propone un recurso subjetivo contencioso por una denuncia de infracción electoral. Sin embargo, no atribuyó a la segunda mandataria “ningún acto u omisión tipificada como infracción de carácter electoral” y solo dijo: “Denuncio categóricamente el delito de concusión”.
Con base en esos argumentos, los jueces Fernando Muñoz Benítez, Ivonne Coloma Peralta, Guillermo Ortega Caicedo, Ángel Torres Maldonado y Joaquín Viteri Llanga concluyeron que el TCE es incompetente para conocer la causa, ya que es un asunto penal.
No obstante, Abad enfrenta en el mismo TCE otra denuncia por presunta infracción electoral impulsada por Juan Guarderas Cisneros, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en la que la acusa de haber hecho campaña electoral anticipada o precampaña, cargos por los que aspira a que sea destituida de sus funciones, de acuerdo con lo dispuesto en el Código de la Democracia.
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La iniciativa del consejero de Participación se produce en el contexto de que el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, busca los mecanismos legales para sacarla de la Vicepresidencia y evitar encargarle el poder en el caso de que él se ausente en enero de 2025 para participar de la campaña política de llegar a inscribir su candidatura presidencial de los comicios generales de febrero próximo. (I)
