La vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, acudió a la Corte Constitucional (CC) para que deje sin efecto la sentencia electoral que negó la denuncia por violencia política de género que interpuso en contra del presidente-candidato Daniel Noboa Azín y tres de sus colaboradores.

El 4 de abril de 2025, la segunda mandataria presentó una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional en la que pide que se deje sin efecto la sentencia de primera y segunda instancia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que negó una denuncia por violencia política de género en contra de Daniel Noboa, la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y los excolaboradores del Gobierno Esteban Torres y Diana Jácome.

La primera sentencia fue suscrita por el juez electoral Guillermo Ortega, en diciembre de 2024; y un segundo fallo, del 26 de febrero de 2025, en la que el pleno de jueces ratificó la negativa a tramitar la denuncia.

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La accionante pide que se retrotraiga el proceso y que sea tramitado por otros jueces del TCE y que se pronuncien respecto de su denuncia por violencia política de género en contra del candidato-presidente de la República, Daniel Noboa.

Argumenta que “por omisión” se afectó su derecho al debido proceso, el derecho a la garantía de motivación por inatinencia; y, el derecho a la garantía de motivación por incongruencia.

Su recurso de acción extraordinaria de protección recayó en el despacho del juez constitucional Jorge Benavides Ordóñez, quien sustanciará y elaborará el proyecto de sentencia para conocimiento del pleno.

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Por ahora, Verónica Abad no goza de sus derechos de participación por una denuncia de violencia política de género que impulsó la canciller Gabriela Sommerfeld y que está tipificada como infracción electoral muy grave en el Código de la Democracia.

Como consecuencia de la sanción, le suspendieron los derechos de participación por dos años, el pago de una multa por 30 salarios ($ 14.000) y ofrecer disculpas públicas a la canciller.

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El Ministerio del Trabajo la registró como inhabilitada para ejercer cargos en el Estado y el Consejo Nacional Electoral (CNE) ingresará en sus registros que no puede elegir y ser elegida, tampoco podrá postular a una dignidad de elección popular, ni votar en la segunda vuelta presidencial del 13 de abril.

Simultáneamente, Verónica Abad estuvo en Ginebra (Suiza) para presentar en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el expediente de su caso.

“He venido para reunirme con las diferentes organizaciones de derechos humanos para traer mi expediente, documentado, por la violencia a mis derechos humanos, políticos, como mujer, como madre, a mis derechos fundamentales para la vida”, dijo Abad en un mensaje publicado en sus redes sociales el 5 de abril de 2025.

Estas acciones se dan en el contexto de la enemistad que mantiene con Daniel Noboa, quien la envió a Israel como embajadora por la paz y, hasta hace poco, la nominó como encargada de negocios en Turquía.

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El Ministerio del Trabajo le abrió un sumario administrativo por no haberse trasladado antes del 1 de septiembre de 2024 de Israel a Turquía; y, en noviembre la sancionaron con la suspensión de la función de vicepresidenta por 150 días (cinco meses) sin sueldo.

Una jueza de primera nivel, Nubia Vera, aceptó una acción de protección que planteó Abad, que dejó sin efecto el sumario administrativo y ordenó su reintegro a la Vicepresidencia, aunque no logró ingresar al edificio en Quito porque se sellaron sus puertas.

En la víspera, Daniel Noboa nombró por decreto ejecutivo a su secretaria de la Administración, Cynthia Gellibert, como vicepresidenta de la República y está encargada de la Presidencia de Ecuador, mientras él participa de la campaña electoral en la que busca ser electo para el mismo cargo en los comicios de segunda vuelta del 13 de abril. (I)