Por un doble asesinato, un adolescente tendrá un internamiento institucional de ocho años.

Según la Fiscalía, la tarde del 18 de julio del 2022, en la comunidad del Valle del Auca, del cantón Francisco de Orellana, en la provincia de Orellana, el adolescente F. Ch. asesinó a una madre de 26 años y a su hija de 6, porque la mujer le dejó sin la conexión inalámbrica de internet que alquilaba en su tienda.

A la mujer le dio golpes con una madera en la cabeza y en el cuerpo, mientras que a la niña le propinó tres palazos que la dejó agonizante sobre una silla. Así la encontró su padre, quien la trasladó a un centro de salud, pero la menor murió antes de llegar a ese establecimiento.

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El cometimiento de los delitos fue negado por el sujeto tanto en la audiencia de juzgamiento como en la audiencia de apelación a la sentencia condenatoria.

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El testimonio de una ciudadana que vive en una casa ubicada sobre una loma indicó que a las 16:00 del 18 de julio del 2022, desde la tienda de víveres y abarrotes de la vecina, se escucharon gritos de la mujer pidiendo auxilio.

También habría escuchado el llanto de una niña y después golpes.

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Luego vio que el joven, quien vestía de negro, asomó la cabeza por la puerta, salió de la tienda para tomar un bulto y entró nuevamente al lugar que había quedado en silencio.

Casi a las 17:00 llegó a la casa el esposo y se encontró a su pareja muerta y a su hija agonizando.

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Mientras él llevaba a su hija a una casa de salud, los vecinos se organizaron para buscar al autor de las muertes.

El perito que efectuó la reconstrucción de los hechos, en su informe, determinó que unas huellas empezaban en la ventana posterior de la casa de las víctimas y se internaban en la maleza, hacia un lago.

Uno de los ciudadanos encontró al adolescente, vestido de acuerdo a como había contado la mujer que escuchó los gritos, saliendo del lugar donde está el lago, mojado, manchado de lodo y en actitud sospechosa.

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Fue retenido por los integrantes de la comunidad, quienes se coordinaron para buscar al victimario de las mujeres.

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Cuando lo entregaron a la Policía, los agentes levantaron como indicios la mochila y zapatos del adolescente. Una prueba de luminol, que localiza manchas de sangre, dio positivo.

La sala multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Orellana ratificó el internamiento institucional de esa persona que había sido impuesto en la sentencia condenatoria de primera instancia.

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Además deberá pagar $ 5.000 a la familia.

Fiscalía explicó que la aplicación de medidas socioeducativas por delitos sancionados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) está determinada en el Código de la Niñez y Adolescencia.

Esa última normativa establece que para los casos de delitos sancionados con privación de la libertad superior a diez años en el COIP (de 22 a 26 años por asesinato) se determinan medidas de amonestación e internamiento institucional de cuatro a ocho años. (I)