Un nuevo enfrentamiento en la Penitenciaría del Litoral revela que la situación carcelaria en Ecuador sigue siendo complicada.

Un conflicto entre miembros de las bandas de los Águilas y Latin Kings en la Penitenciaría del Litoral causó, el pasado viernes, un cruce de balas aunque sin muertes violentas, pero que dejaron tres personas heridas: dos reos y un agente penitenciario.

En una intervención policial se hallaron 1.800 municiones calibre 2.23, 1.493 calibre 9 mm, 100 municiones calibre 7.62, 75 espadas artesanales, armas blancas, material de ferretería y cinco artefactos explosivos.

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Eso evidencia el poco control que aún existe en las cárceles y que los anunciados acuerdos de paz de las bandas criminales para deponer las armas han quedado en solo promesas.

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Para Alexandra Zumárraga, exdirectora nacional de Rehabilitación Social y especialista en sistemas penitenciarios, los altercados y las masacres en las cárceles continuarán porque el Estado ya no solo se ha vuelto cómplice, sino autor de todos esos problemas al otorgarles pabellones exclusivos a las mafias más grandes.

“Las autoridades (...) saben perfectamente que los pabellones son exclusivos, les ha dejado a todos los grandes líderes, cómodamente con pabellones de 800 personas, de 1.000 personas, de 4.000 personas”, indica.

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Agrega que se permite que grandes armas, incluso de calibre militar, ingresen a las cárceles a vista y paciencia de las autoridades.

Lo que está pasando, añade, es que ha fortalecido aún más a las mafias que están encontradas entre sí.

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Hasta artefactos explosivos se requisaron este sábado tras altercados en la Penitenciaría

Según el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) en Ecuador hay 32.544 personas privadas de la libertad. EFE/Robert Puglla Foto: Robert Puglla

“Quieren aprovecharse de los pabellones porque tener un pabellón de unas 600, 700 personas, eso implica un ganancia de 8.000 dólares diarios más o menos, entre venta de drogas, extorsiones, y aparte de eso, el Gobierno sabe que no están incomunicados, que tienen celulares, computadoras, todas las comodidades”, señala.

Además, para Zumárraga se ha colocado en el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), que administra el sistema penitenciario, a personas improvisadas, a lo que se añade que la Policía maneja el tema carcelario no desde el punto de vista de rehabilitación.

Una de las soluciones para Zumárraga es sacar a la Policía de la administración penitenciaria y poner a personas que tengan conocimientos en la materia.

Adicionalmente “depurar” el SNAI, porque a su criterio está lleno de policías que están más interesados en los decomisos de droga. También, añade, que haya traslados a otras cárceles de los líderes de las bandas.

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Itania Villarreal, quien ocupó el cargo de directora nacional del Rehabilitación Social, menciona que no se ha “desarmado” a las cárceles, pues si bien se afirmó que se había retomado el control de los centros de privación de la libertad, no es así porque nuevamente hay riñas entre pabellones con armas de grueso calibre.

Tampoco se evidencia, sostiene, procesos de potenciación de la seguridad de las cárceles.

Acerca de acuerdos de paz o comisiones de pacificación, para Villarreal todos los caminos tendientes a crear ese escenario son escenarios, pero considera que no existe la voluntad de ciertas organizaciones a las que pertenecerían las personas privadas de la libertad (PPL).

Sugiere que aquel privado de libertad que incurra en actos de indisciplina sea sometido al debido proceso, y que esos hechos sean registrados en su ficha criminológica para que sea sancionado cuando pretenda acogerse a los beneficios penitenciarios.

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Recomienda crear una red de apoyo externo para que haya una pacificación en los centros de privación de la libertad, que estaría conformada por el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, sociedad civil, empresa privada, activistas de derechos humanos, familiares de los PPL e incluso a los propios presos, aquellos que generan los conflictos.

“Ahora hay un quemeimportismo, una desidia de querer entrar a los ejes de tratamiento, esto es, a tener programas de educación, a capacitarse laboralmente para el día de mañana tener una reinserción”, refiere.

Para la exfuncionaria, también es importante que haya personas que conozcan del sistema penitenciario en relación con comisiones de pacificación.

“Se necesitan personas que conozcan la materia, que conozcan la problemática y que trabajen de la mano con los privados de libertad”, afirma.

Villarreal es consciente de que será un trabajo a mediano y largo plazo. (I)