En 1972 el gobierno militar trazó el camino de la historia energética del país, ajustó su política nacionalista a las grandes reservas mineras y la industria petrolera en todas sus fases, modificó la ley de hidrocarburos, creó CEPE, la estatal petrolera, empresa pública que absorbió a las transnacionales; y Petroecuador, encargada de explorar, extraer, transportar, comercializar crudo y derivados. Construyó una infraestructura petrolera, el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE de 497,7 kilómetros que recorre de Lago Agrio al terminal marítimo de Balao y transporta 450.000 barriles diarios de nuestro petróleo a la refinería de Esmeraldas, opera las 24 horas en los 365 días al año y hay soberanía energética instalada.
Los petrodólares se quedaron en el país generando trabajo, salud, educación, vialidad; la obra pública mejora la calidad de vida. La intención de Petroecuador por ampliar su capacidad cedió ante el interés privado de aprovechar la infraestructura. El gobierno Mahuad–Noboa, el 11 de marzo de 1999, redactó el memorándum de entendimiento con elementos para que OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) oferte para construir y operar otro oleoducto. Hay observación ciudadana sustentada de que nuestro petróleo recorre la misma ruta del SOTE (Sistema de Oleoducto Transecuatoriano) en suelo geológico de alto riesgo.
En el año 2000, Mahuad fue derrocado, asumió el cargo Gustavo Noboa y conformó la comisión de análisis económico a la que llegó el OCP con la oferta de $ 500 millones, y con oposición a puertas no hubo licitación. Con el visto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y su grito de que el OCP va porque va, Noboa, de espaldas a la soberanía, firmó el 15 de febrero de 2001 el contrato–decreto por $ 1.100 millones. Al 15 de octubre de 2003, la obra fue entregada a un costo de $ 1.465 millones. La contratista a partir de la fecha tiene 20 años para operar y amortizar las inversiones. Para entender: el presidente tenía en manos el 31 de agosto de 2000, la oferta del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, por $ 577 millones para construir el tubo por una ruta nueva. OCP Ltda., solicitó al ministerio del ramo explorar una ampliación a su contrato que fenece el 11 de noviembre de 2023 y fue ampliado a enero 12 de 2024 para seguir operando, usufructuando el tubo. El contrato–decreto en la cláusula 4 reza textual: “En vista de que el Estado no garantiza la rentabilidad del negocio a la compañía, el hecho de que la compañía no haya podido amortizar la inversión dentro del plazo indicado y sus extensiones, según lo antes estipulado, no dará derecho a la ampliación del plazo”. Es decir, debe devolver sin comprometer recursos el tubo funcionando sin costos. (O)
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Rafael Antonio Sampedro Coba, arquitecto Guayaquil
