Luego de casi dos años de investigaciones la fiscal general ha solicitado el archivo del llamado caso Flopec. Durante todo ese tiempo la Fiscalía no encontró indicios o pistas de que el expresidente Guillermo Lasso haya cometido delito alguno, concretamente peculado, en relación con un contrato de dicha empresa estatal; contrato que, dicho sea de paso, ni había sido celebrado por Lasso, sino por su antecesor. Lo grave de esta noticia es que este fue el núcleo de la acusación constitucional que se invocó para iniciar el juicio político contra el exmandatario. Como se sabe, la Constitución actual ha limitado las causales de destitución del presidente de la República a un número taxativo de infracciones penales, y no ha seguido el modelo de otros países donde se contemplan cláusulas abiertas de naturaleza política.
¿Cómo fue posible entonces que un presidente haya sido acusado constitucionalmente por la comisión de un delito penal que nunca cometió? ¿Cómo explicar que una contratación de una empresa estatal realizada años atrás por otra administración anterior pudo sustentar tan grave acusación? ¿Cómo entender que hayan existido líderes, asambleístas y políticos que hayan construido, sin sustento alguno, un juicio político a un presidente generando una crisis política de graves consecuencias para el sistema democrático, la economía y la institucionalidad? Lo que entonces se hizo fue torcer el supuesto perjuicio –que no lo hubo– del contrato mencionado para que “calce” en la definición de peculado, para así tener el pretexto de un juicio político. Muchos tenían esa sospecha, hoy se la ha confirmado. Pocas veces en nuestra reciente historia ha quedado tan al descubierto el grado de irresponsabilidad de nuestra clase política, como lo sucedido con este caso. Guiados por el odio, inspirados por el revanchismo, aupados por la envidia y alentados por un hambre incontrolado de poder, los líderes de esta conspiración –que hoy yacen derrotados como chatarras– no les interesó el daño que infligían.
Poco les importó que nuestra economía acababa de salir de la crisis generada por la pandemia y que el país se enfrentaba a un incremento gigantesco de la violencia provocada por el crimen organizado y el narcotráfico, todo lo cual demandaba, y sigue demandando, un mínimo de unidad y estabilidad. Nada de eso le importó a esta gente, más importante era satisfacer su vanidad, narcisismos y complejos atávicos. Hace poco se supo que prominentes narcotraficantes habían financiado la campaña en contra de la consulta popular propuesta por el entonces gobernante. Curiosamente poco después tomó fuerza el plan de su destitución.
Hoy con acierto el presidente Daniel Noboa ha abierto un debate sobre una reforma al sistema constitucional. No dejemos de lado episodios como este cuando se aborde el tema del enjuiciamiento de un presidente en funciones. Por una vez dejemos de pensar en nuestro país en términos de personas o de la coyuntura o de nuestros gustos. Si hay un área del quehacer humano donde la práctica debería guiar nuestros razonamientos es precisamente en el campo del derecho, no se diga del derecho constitucional. Como decía el famoso magistrado Oliver E. Holmes Jr.: “La vida del derecho no está hecha de lógica; sino de experiencia”. (O)
