Regresemos al año 2008. El Ecuador había crecido económicamente gracias a la dolarización y al aumento del precio internacional del petróleo. En los últimos ocho años, el país había controlado la inflación y había triplicado su producto interno bruto. El Ecuador era un país relativamente seguro. Las operaciones militares de los norteamericanos en Manta habían mantenido al narcotráfico y a las organizaciones del crimen trasnacional lejos de nuestro territorio. Varios servicios públicos, como el agua potable, las telecomunicaciones y los aeropuertos, empezaban a funcionar decentemente gracias a la concesión a la empresa privada.
Entonces apareció un grupo de iusfilósofos para redactar una constitución en nombre del socialismo del siglo XXI. En lo económico, consagraron el estatismo. Los sectores estratégicos y los servicios públicos debían ser gestionados exclusivamente por empresas públicas. La inversión privada se transformó en el enemigo. Se prohibieron los tratados de protección de inversiones con remisión a arbitrajes y se prohibió la contratación por horas. En lo político, se estrenó un supuesto sistema de méritos. Se reemplazó la tradicional separación de poderes con la creación de un consejo de participación ciudadana para que designe a los más altos funcionarios del Estado. En lo jurídico, se estableció el neoconstitucionalismo. La constitución se volvió una cornucopia de derechos para que cualquier juez tenga la discrecionalidad de decidir lo que él quiera al margen de las leyes o los contratos. En lo internacional, se prohibió la ayuda de otros países para luchar contra el narcotráfico. Además, los iusfilósofos tenían sentido del humor. Les dieron derechos a los árboles y a los monos, establecieron la obligación del Estado de garantizar el sumak kawsay y crearon la institución de la silla vacía. Al final, su constitución nos impone la pobreza y no supera el umbral de la risa.
Todos podemos ver los resultados de la constitución del socialismo del siglo XXI. Este país no crece económicamente, porque no hay inversión privada. Los servicios se prestan mal y son un foco de corrupción, porque las empresas públicas no responden a la lógica de la eficiencia, sino a la de los favores políticos. Se escogió a los funcionarios más corruptos de la historia, porque los concursos del consejo de participación son oscuros y confusos. El derecho no existe, porque los jueces pueden desconocer la propiedad privada y los contratos so pretexto de proteger derechos constitucionales. El territorio ecuatoriano se volvió el paraíso de las organizaciones criminales internacionales, porque el Estado no puede controlarlas sin cooperación internacional.
Hoy Ecuador está mucho peor que en el 2008. No crecemos económicamente, las organizaciones criminales se imponen, no tenemos los servicios más básicos, nuestras leyes son una vergüenza y el sistema judicial está entre los más corruptos del mundo. Vamos rumbo a convertirnos en una sucursal del África subsahariana.
Necesitamos un gran pacto nacional para abrir al país a la inversión privada, crear las herramientas para luchar contra el crimen organizado y reformar el sistema judicial. Necesitamos una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución. (O)
