La violencia contra periodistas en América Latina es una afrenta a la libertad de expresión y a la democracia misma. La impunidad con la que actúan los narcotraficantes y otros grupos criminales ha creado una atmósfera de miedo y terror en la que muchos periodistas se ven obligados a trabajar.
En un reciente informe emitido por Fundamedios, se establece que durante el primer trimestre del 2023 se han registrado 79 agresiones contra la libertad de expresión en Ecuador, con graves atentados como los sobres con material explosivo enviados a periodistas de alta visibilidad. Las amenazas contra periodistas como Karol Noroña del medio digital GK, quien permanece fuera del país por los graves riesgos a su vida e integridad.
La cifra de agresiones de lo que va del 2023 marca un nuevo récord negativo, si consideramos que en todo el 2022 hubo 356 agresiones contra periodistas, ciudadanos y medios de comunicación, que vulneraron los derechos de libre expresión, prensa y acceso a la información. Este número de agresiones ya fue el más alto registrado desde 2018.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) han expresado su preocupación por esta situación y han denunciado los ataques contra periodistas y han llamado a las autoridades a garantizar su seguridad y protección. De hecho, una delegación del CPJ se encuentra estos días en Ecuador para evaluar la situación in situ y posteriormente emitir recomendaciones a las diversas instituciones del Estado ecuatoriano.
¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, en un continente que se dice democrático, los periodistas tengan que enfrentar la amenaza constante de la violencia y la muerte? ¿Cómo es posible que los narcotraficantes y otros grupos criminales tengan tanto poder como para silenciar a quienes simplemente quieren informar a la sociedad?
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Es hora de que se tome acción. Las autoridades de los países de América Latina deben tomar medidas concretas para proteger a los periodistas y garantizar la libertad de prensa. La impunidad debe terminar. Los responsables de las agresiones contra periodistas deben ser llevados ante la justicia y castigados de manera ejemplar. Los nulos avances en estos cinco años en las investigaciones fiscales del caso de los periodistas de diario El Comercio secuestrados (caso Nos Faltan 3), es una muestra del grado de impunidad e indolencia social frente a la violencia contra la prensa.
Pero, ¿por qué el narcotráfico ha decidido atacar a los periodistas? La respuesta es simple: porque los periodistas son una amenaza para sus negocios ilícitos. La labor de los periodistas es vital para denunciar la corrupción y la violencia que se derivan del narcotráfico. Y precisamente por eso los narcotraficantes intentan acallarlos.
Pero no podemos permitir que esto suceda. Es hora de que todos, como sociedad, tomemos acción. Debemos exigir a las autoridades que tomen medidas para proteger a los periodistas y para perseguir a los responsables de las agresiones. La violencia contra periodistas en América Latina es inaceptable y debe ser erradicada. Debemos defender nuestra libertad de expresión y garantizar que los periodistas puedan hacer su trabajo sin temor a represalias. ¡Es hora de actuar! (O)
