El nuevo Gobierno se posesionará en diciembre 1 en medio de una crisis fiscal. Puede tomar distintos caminos para encararla, pero todos terminan en nuestro bolsillo.

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El problema inmediato es el pago a la burocracia. En la cuenta única del tesoro hay $ 429 millones, hay cuentas por pagar de $ 1.600 millones y el rol de pagos del presupuesto nacional para diciembre será de $ 1.300 millones. Noboa debe estar rogando que la preventa petrolera se concrete a tiempo para pagar a la Administración pública.

Para 2024 necesitará alrededor de $ 10.000 millones de créditos, parte para pagar los préstamos que se vencen y parte para cubrir el déficit. La banca internacional duda que en 2026 el Gobierno pague la deuda que se vence y ya no nos presta. A Noboa le quedan dos caminos: uno con el Fondo Monetario y otro sin él.

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El Fondo estará dispuesto a buscarle soluciones al Ecuador, y el Banco Mundial, BID y CAF contribuirían en tanto Ecuador tome medidas fiscalistas: subir combustibles o impuestos. Si Noboa opta por impuestos, las opciones son, o el IVA (tres puntos), o el patrimonio.

A Noboa le quedan dos caminos: uno con el Fondo Monetario y otro sin él.

La otra vía significa prescindir de financiamiento externo. El IESS está exangüe, de ahí la tentación de emitir ecuadólares, lo que se conoce como “tomar dinero de la reserva”, lo que hoy está prohibido por ley, por lo que Noboa requeriría de una mayoría legislativa para derogarla. Sería enterrar el acuerdo con el Fondo, con el que hay el compromiso de retirar los más de $ 7.000 millones de ecuadólares emitidos por Rafael Correa. Lasso cumplió con su parte y retiró $ 2.000 millones.

Emitir ecuadólares requeriría taponar los pagos al exterior y elevar el ISD: esta vía también llega a nuestro bolsillo. La dolarización se adoptó precisamente para impedir la nociva práctica de los Gobiernos de financiarse con emisión.

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Los ecuadólares son como la droga: gran alivio cuando se la administra; los problemas vienen después. Esta alternativa tentaría al nuevo Gobierno, porque el chuchaqui recién lo sufriría quien se posesione en mayo de 2025.

La mejor de estas opciones es el alza de los combustibles. Las otras tres, IVA, patrimonio e ISD, solo las pagarían los ciudadanos y negocios formales. El subsidio al combustible beneficia a las naves de paso a quienes muchos pesqueros ahora venden su cupo de combustible en lugar de pescar; a los contrabandistas y consumidores de Colombia y Perú; a los narcotraficantes, y a ciudadanos que pueden pagar el combustible al precio de mercado libre. Los mayores precios estimularían el menor consumo de derivados del petróleo hoy que los ecuatorianos hemos decidido en consulta sacrificar la producción presente y futura del ITT.

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¿Quién controla toda esta actividad ilegal? Ni SRI ni Petroecuador, sino la ArceRNNR. Pero esta agencia de control de hidrocarburos necesitaría miles de policías incorruptibles para controlar tanto negocio ilegal y no los tiene. La focalización es una quimera: cuando hay miles de millones de dólares en juego, igual habrá trampa.

Elevar el precio de los combustibles permitiría posponer la crisis fiscal por algunos años. No la soluciona, ya que el fisco subsidia las pensiones de los jubilados y la Constitución de 2008 obliga al incremento del gasto en salud y educación en $ 1.200 millones cada año. Pero eso es para otra columna. (O)