Cuando escribo estas líneas, aún no han inscrito sus candidaturas todos los aspirantes a ejercer la Presidencia y la Vicepresidencia de la República. Algunos son desconocidos para muchos ciudadanos y, probablemente, saben que no lograrán la votación necesaria. Entonces es inevitable la pregunta: ¿por qué y para qué se presentan?
Puede haber varias respuestas: así se dan a conocer para un posible futuro político; para enriquecer su currículo; porque el Estado entrega dinero a quienes participan con sus candidatos; porque a algunos llamados líderes políticos les interesa fragmentar la votación para que la cantidad de votos requeridos para pasar a la segunda vuelta sea menor; porque a quien los patrocina le conviene que, al menos, las listas que los acompañan alcancen unas curules en la Asamblea.
Ustedes amigos lectores tendrán más respuestas, pero es muy importante que así como debemos esforzarnos en conocer quiénes son realmente los aspirantes a la Función Ejecutiva, nos interesemos en saber quiénes son los que podrían llegar a la Asamblea y sus patrocinadores.
Según el artículo 117 de la Constitución, podrían todos los que tengan nacionalidad ecuatoriana, hayan cumplido 18 años de edad al momento de inscripción de la candidatura y estén en goce de sus derechos políticos.
La Función Legislativa la ejerce la Asamblea Nacional, integrada por los elegidos por el voto ciudadano y tiene enorme importancia porque muchas de sus resoluciones pueden ser decisivas para resolver o no los problemas del país. Veamos algunas de sus atribuciones y deberes en el art. 120 de la Constitución: posesionar al presidente y al vicepresidente, así como destituirlos por los motivos señalados en la Constitución; expedir, codificar, reformar y derogar leyes; aprobar el presupuesto general del Estado y el límite del endeudamiento público; conceder amnistía por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, entre otros. En esta circunstancia del país y en relación con el trabajo de la Fiscalía General de la Nación, la última atribución mencionada es motivo poderoso para que algunos sectores políticos negocien para lograr mayoría en la Asamblea.
El espacio, no permite mencionar todas las atribuciones de la Función Legislativa, pero es importante que recordemos que sus integrantes deben estar preparados para cumplir a cabalidad la función pública al servicio del país que la ciudadanía les ha otorgado y deben hacerlo con sentido nacional y cumplir con la obligación de rendir cuentas a sus mandantes.
A quienes ejercemos el derecho del sufragio nos corresponde la responsabilidad de investigar quiénes son los candidatos, si están listos para tratar temas del presupuesto nacional, para aprobar o negar leyes de los más diversos temas, o para aprobar tratados internacionales, por ejemplo. Y si serán capaces de cumplir con un requisito no mencionado en la Constitución pero básico: capacidad de entender que en esa función lo prioritario es el bien del país, no importa de qué provincia se hable, que le guste o no a quien le ofreció espacio para la candidatura, no hay coima o negociación que le compre su conciencia, porque eso no se compra, ni se vende. Eso se hace en el mercado. (O)
