¿Endurecer la penas va a reducir los delitos en Ecuador?, esto opinan nuestros columnistas

El Gobierno envió a la Asamblea Nacional el paquete de reformas legales para la aplicación de las preguntas de la consulta popular en las que ganó el sí.

Entre estas están cambios al Código Orgánico Integral Penal (COIP), como el incremento de penas en los delitos de terrorismo, producción y tráfico ilícito de drogas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividades ilícitas de recursos mineros.

Los resultados de la consulta popular aparecieron en el Registro Oficial el jueves 9 de mayo. Ahora la Asamblea Nacional tiene 60 días para debatir y aprobar las reformas legales.

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Pero qué se puede entender y esperar de la propuesta del aumento de penas, esto es lo que comentan nuestros columnistas:

Mauricio Gándara Gallegos, exministro

En el Ecuador, el endurecimiento de penas no ha frenado el cometimiento de delitos. Podemos apreciar que las olas delictivas han ido en continuo aumento. No es, pues una medida de efecto disuasivo. Al delincuente lo mueven sus propios motivos: necesidad, por falta de empleo; obtener dinero fácil; odio contra el sistema social que no lo acoge o cree que no lo va a acoger; venganza por motivos personales, familiares, celos; codicia, y la tentación presentada por bandas criminales; y la impunidad que le ofrece un sistema judicial corrupto. Las estadísticas sobre impunidad son aterradoras.

El aumento de penas, en vez de un efecto disuasorio puede llevar a una suerte de cinismo, escepticismo: “preso por mil, preso por mil quinientos”.

Hay en todo esto una suerte de demagogia penal; al parecer se trata de competir con lo que ocurre en El Salvador. Ni se habla de rehabilitación social, peor se ejecutan programas de ese tipo; un expresidente decía que las cárceles son las universidades del delito. El aumento de penas, aumenta el hacinamiento. (O)

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Gustavo Cortez Galecio, periodista

Yo lo plantearía como una actualización y no un endurecimiento de las penas, al pedido que el presidente Daniel Noboa hace a la Asamblea Nacional en su más reciente envío de reformas al COIP.

Que el castigo penitenciario esté acorde con la gravedad de los delitos que actualmente cometen sicarios, atracadores y secuestradores, principalmente, con premeditación y la saña propia de la feroz incursión de las mafias del narcotráfico que enfrentamos, así como la corrupción a gran escala. No obstante, esta medida que si bien deriva de lo aprobado en las urnas, en la consulta popular más reciente, no puede estar aislada y condicionada para su cumplimiento: tiene que ser parte de una solución integral, que es lo que espera una ciudadanía enclaustrada que se asoma con temor a la ventana y ve a los delincuentes deambular con libertad.

Este aumento de las penas será, sin duda, un golpe de efecto, pero de poco servirá si antes no se limpia el sistema judicial de la podredumbre que hemos observado, estupefactos, en casos como Metástasis y Purga. Tampoco rendirá lo esperado si las cárceles siguen en manos de las bandas que ocasionaron hace poco una oleada de amotinamientos entre reclusos que jugaron hasta fútbol con las cabezas de sus rivales masacrados. (O)

Steven Spinoza Ortega, abogado

Definitivamente el populismo penal nunca es la manera acertada de combatir la delincuencia, existen estudios a nivel mundial respecto a que la disminución de la criminalidad poco o nada se debe al endurecimiento de la pena. Ejemplo, ¿la tipificación del delito de feminicidio ha disminuido el cometimiento de la infracción? La respuesta es no. El camino adecuado para disminuir la criminalidad son políticas públicas claras sobre la inversión social y la educación, campañas para lo romantizar la vida de narcotraficante que se popularizó con las narconovelas.

La política no puede utilizar ni inmiscuirse en temas tan técnicos como el derecho penal, esto no se trata de sangre por sangre, se trata de la prevención, la inversión social y la educación son un camino, largo sí, pero efectivo, el endurecimiento solo calma la sed de venganza momentáneamente y nos regresa al principio de todo. (O)

Juan Morales Ordóñez, abogado

Los teóricos de la pena discurren sobre las razones que justifican que se imponga una sanción u otra a quien ha cometido un delito. Se considera que la pena es un acto, ya sea de retribución, de prevención o de restauración.

La doctrina penal, en su análisis del delito y de la pena, tiene mayor sentido en sociedades organizadas en las cuales el imperio de la ley es la regla y no la excepción.

El Ecuador vive momentos graves de desintegración social que se evidencia en la ruptura permanente del derecho. Para resolver la crisis perpetua en ámbitos económicos, sociales, internacionales y en todos los otros, se intentan acciones que abordan el síntoma y dejan incólume el tratamiento de sus causas.

En este caso, se procede de la misma forma. El endurecimiento de las penas es un acto jurídico legítimo en un escenario devastado jurídica y moralmente. Para muchos delincuentes la posibilidad de penas mayores por sus ilícitos podría resultarles una insignificancia desde su decisión tomada de vivir en el crimen. Para otros ciudadanos podría tener algún efecto disuasivo.

Considero que el endurecimiento de las penas incidirá poco en la reducción del delito en Ecuador. Más potentes son acciones orientadas a la lucha inclaudicable y sostenida en el tiempo contra la corrupción en todas sus formas y eso significa desmontar mafias y sórdidos entramados; y, sobre todo, predicar con el ejemplo. (O)

Gilda Macías Carmigniani, analista

El incremento de penas supone un aumento de años y en los casos de terrorismo y su financiación, delincuencia organizada y minería ilegal es mayor. Y no creo que el sistema carcelario pueda enfrentar la presión que significa tener a más PPL y/o por más tiempo:

1. La estructura carcelaria no responde a la agrupación por tipo de delitos sino por su pertenencia a bandas criminales.
2. -Si bien se nota una mayor vigilancia y control del tráfico de drogas y armas en las cárceles, se observa poca gobernabilidad en la totalidad del sistema, como las recientes fugas de PPL.
3. Los recursos humanos que los asisten muchas veces hacen de cómplices, lo que muestra falta de preparación y lo proclive que pueden ser ante intimidaciones y promesas de enriquecimiento. La cárcel se convierte en escuela para delinquir.
4. Resulta penoso pensar en la rehabilitación de PPL y reducción de la criminalidad cuando no se cuenta con profesionales en salud mental y psicología que puedan ser escuchas en el atravesamiento que supone el encierro, los avatares que conlleva (amenazas, violaciones) y la reflexión sobre sus actos. Lo que está preso es el cuerpo, no el lenguaje.
5. No se visualiza un programa de capacitación para su reinserción laboral con acuerdos con el Estado, ONG y empresa como Aprendamos, un programa municipal que los certificaba y elevaba su autoestima. No hay que olvidar sus intereses, necesidades espirituales, actividades artísticas.

A la mayoría de los ciudadanos nos da seguridad que los delincuentes estén presos. Pero, ¿qué pasará cuando cumplan su condena y salgan, si no se trabaja la reinserción laboral? Más y más presos. Sin embargo, es de anotar que hay PPL que quizá no deberían estar en el sistema carcelario, sino en un pabellón psiquiátrico. (O)

Raúl Hidalgo Zambrano, capitán de navio (servicio pasivo) de la Armada

Endurecer las penas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), ampliando el número de años en ciertos delitos, es parte del proyecto de ley que el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional, basado en la decisión que tomó la mayoría de los ecuatorianos en el referéndum y consulta popular del 21 de abril.

Los delitos que más incremento tienen son: el asesinato, sicariato, secuestro extorsivo, trata de personas, tráfico de armas, narcotráfico, tráfico de armas, terrorismo y otros vinculados con la delincuencia organizada. Algunos alcanzan a los treinta años de cárcel.

El conflicto armado interno declarado por el presidente, el 09/01/2024, contra la delincuencia organizada transnacional, organizaciones terroristas y grupos armados no estatales, tuvo resultados positivos con una disminución de los homicidios en referencia al año 2023 y que las FF. AA. y Policía Nacional hayan capturado alrededor de doce mil criminales. Sin embargo, se evidenció que el sistema judicial no ha podido manejar tantos detenidos y un porcentaje mínimo se ha procesado, y que las cárceles están sobrepobladas bajo el control de las FF. AA. Nuevamente, los homicidios están incrementando.

Endurecer las penas en el COIP es parte de la solución, sin embargo, los delitos no dejarán de aumentar, es necesario generar empleo, fortalecer el sistema judicial, ampliar los centros carcelarios y fortalecer la seguridad para bloquear el tránsito de cocaína. (O)

Óscar del Brutto Andrade,abogado

Sí. En Crime and Punishment: An Economic Approach el premio nobel de economía Gary Becker demostró que, consciente o inconscientemente, los delincuentes hacen una ponderación para decidir si infringen una ley. De un lado ponen el beneficio que la infracción reporta y de otro lado ponen el costo, que consiste en la sanción establecida multiplicada por la probabilidad de ser descubierto. Si el beneficio de incumplir la ley supera el costo, las personas infringen la ley; si el costo supera al beneficio, las personas cumplen la ley.

Pensemos en el conductor que espera frente a la luz roja del semáforo. El beneficio de pasarse la luz roja es el tiempo que el conductor se ahorra, y el costo es la pena, digamos $ 100, multiplicado por la probabilidad de ser descubierto, digamos 10 %. Si el beneficio que obtiene el conductor por pasarse la roja es valorado en más de $ 10 ($ 100 multiplicado por 10 %), entonces el conductor se va a pasar la roja y, en caso contrario, va a esperar pacientemente a que el semáforo se ponga en verde.

En la lógica de Becker, tenemos dos opciones para reducir las infracciones, una es aumentar las sanciones y la otra es aumentar la probabilidad de descubrir a los infractores. Así, endurecer las penas es una manera de reducir el cometimiento de delitos en Ecuador. (O)

Katia Murrieta, abogada

Lamentablemente sabemos que ni siquiera la pena, menos su duración, atemoriza o impide que se cometan infracciones. Estas pueden ser desde pasarse una luz roja hasta dedicarse al narcotráfico, por lo que realmente no tiene efecto disuasor.

Sin embargo, como medida de seguridad, para la sociedad, es necesario aumentarlas en el tiempo, a fin de impedir que sus autores sigan causando daño; y para evitar que salgan pronto en libertad a gozar del dinero mal habido, como en el caso del narcotráfico, concusión, soborno, lavado de activos, etc. Por ello, para estos delitos de lesa humanidad, debiera establecerse cadena perpetua y estrictas medidas de control a fin de impedir que se convierta a las cárceles en centros de operaciones criminales.

Según el Informe de Caracterización del Crimen Organizado en Ecuador, de septiembre pasado, el narcotráfico es la principal expresión del crimen organizado en nuestro país, que genera, además, delitos conexos, como el tráfico de hidrocarburos y armas, corrupción y lavado de activos.

Estos delitos, entre otros más, debieran ser considerados, a nivel mundial, de lesa humanidad, porque destruyen lenta y masivamente a las personas, especialmente a niños y adolescentes; y, las fortunas que mueven, en poder de unos pocos, son las que hacen falta para sacar de la miseria a millones de seres humanos en el planeta. (O)

Jorge G. Alvear Macías, abogado

El establecimiento legislativo de una pena puede motivar o disuadir el cometimiento de conductas socialmente reprochables. La pena cumple una función moralizante y estabilizadora de la conciencia jurídica de una sociedad, pero también debe responder a las exigencias de la prevención de los delitos y satisfacer el principio de proporcionalidad frente a la culpabilidad del delincuente, como medio para calmar a la sociedad perturbada por una acción delictiva. Así se reafirma la confianza ciudadana en el ordenamiento jurídico del Estado, sobre todo cuando se percibe que la pena impuesta al delincuente es la adecuada a su culpabilidad y se la concibe justa. Por otro lado, existe un efecto de prevención del cometimiento del delito, a través de la adecuada retribución que implica la pena impuesta y efectivamente purgada.

Sobre la base de lo indicado y atendiendo la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 21 de abril del 2024, que estuvo de acuerdo mayoritariamente sobre la necesidad de incrementar las penas para los delitos graves que nos están afectando actualmente, me inclino a concluir, que cuando entren en vigencia las reformas, se producirá una disminución importante de los delitos materia de los incrementos de las penas. Especialmente cuando los tribunales empiecen a pronunciar las correspondientes condenas con el máximo rigor y estas empiecen a ser cumplidas, por tanto a producir el efecto disuasivo que implica una condena efectivamente purgada en su totalidad; y, que los delincuentes en potencia tengan la certeza que correrán con la misma suerte. (O)

Julio César Roca De Castro, abogado

El aumento de penas no es la solución para disuadir a las personas que quieren cometer delitos, para que no lo hagan, como se pretende. El profesor de Derecho Penal contaba la anécdota de que en un país árabe donde se ejecutaba la pena judicial de amputación de la mano a un ladrón, un carterista se paseaba en la plaza pública donde se realizaba el “escarmiento” sustrayendo las bolsas de dinero a los presentes. El proponente del proyecto de ley sostiene que tres de diez reos en prisión fueron sentenciados a la misma pena en otro juicio. Pero si volvió a delinquir es porque no pensó en las consecuencias de su acción. Tampoco lo hará si se endurece el castigo, la experiencia lo demuestra. Si está convencido de lo que hizo podrá reincidir sin remordimiento, si no lo está no lo hará. Si el sujeto es pobre y fue conquistado por el narcotráfico, sin lugar a dudas preferirá arriesgarse a seguir sumido en la miseria, más aún si tiene familia. En el proyecto se menciona la necesidad de adoptar estrategias integrales que aborden las causas del crimen organizado y que la pobreza y los problemas sociales son factores que contribuyen al mismo. ¿Qué está haciendo al respecto el gobierno nacional? Atizando la violencia con la represión y las amenazas a quienes protestan con mandarles el ejército, implementando políticas que empobrecen a los que menos tienen, aplicando políticas fracasadas del FMI. Pero la sociedad debe hacer lo suyo también educándose en la paz. Finalmente, se hacinarán las cárceles y habrá más conflictos.

Doménica Cobo, abogada

Ecuador enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes, con una población carcelaria de aproximadamente 32.000 presos y un aumento significativo de la violencia. La criminalidad y los homicidios han aumentado, alcanzando una tasa de 40 por cada 100.000 habitantes, un promedio de 65 % más que en 2022. La sobrepoblación y la violencia en las calles demuestran que estas políticas no han mejorado la seguridad.

Comparando globalmente, países como Estados Unidos, Brasil y México han mostrado que aumentar las penas no disminuye efectivamente la criminalidad. En Estados Unidos, a pesar de décadas de políticas punitivas, las tasas de reincidencia siguen siendo altas. En Brasil y México el endurecimiento de penas ha llevado a sobrepoblación carcelaria sin una reducción proporcional en los delitos. Alternativamente, países como los Países Bajos y Portugal, que se enfocan en la rehabilitación y la prevención, han logrado disminuir sus tasas de criminalidad.

En Ecuador, el fenómeno del “populismo penal” se refleja en medidas punitivas severas para ganar apoyo político, sin abordar las causas profundas del crimen como la pobreza, la falta de educación, la desnutrición, el embarazo adolescente y la falta de oportunidades. Los delincuentes de cuello blanco y la corrupción agravan la pobreza y la desigualdad, debilitando las instituciones y desviando recursos esenciales, lo que incrementa la criminalidad en las comunidades más vulnerables. Este abuso de poder perpetúa un ciclo de impunidad y falta de oportunidades, contribuyendo significativamente al problema principal. No tenemos cárcel para tanta gente, menos aún en una cárcel que no rehabilita. (O)

Miguel Hernández Terán, abogado

El carácter multicausal del delito exige que su combate aborde cada una de esas causas. Como se sabe, el delito es un fenómeno sociológico, y por lo mismo es imposible ignorar los contextos en que se comete. Desde el punto de vista del delincuente, éste puede tener ciertos rasgos que maximizan el riesgo de la reincidencia, la frecuencia de ella, la crueldad al delinquir, etc. Ahora bien, en el Derecho Penal clásico y en la legislación se mantiene el carácter amenazante de la pena, el carácter persuasivo de la misma, particularidades que se entiende deben tener efecto dada la gravedad de la situación carcelaria en muchos países desde hace mucho tiempo, y dada la vocación permanente a la libertad que tenemos las personas.

El endurecimiento de las penas es un aspecto importante de la política criminal. Pero es solo un factor de combate. La historia y la actualidad de la aplicación de las penas han demostrado que el delincuente no le teme a la gravedad de las mismas. Sin dejar de ser proporcionales al delito las penas deben procurar persuadir al ciudadano para que no cometa delitos. Desde ese punto de vista la política es acertada. Pero la misma debe ir acompañada de decisiones estatales complementarias de mediano y largo plazo. (O)

Fabián Corral, analista

Por definición, son leyes penales aquellas que contienen la tipificación de una infracción punible y la amenaza de una pena.

Las penas tiene una función sancionadora, pero también disuasiva. Todo depende de la eficacia de la ley, es decir, de que, además de la actualización necesaria del ordenamiento jurídico, exista un sistema policial, fiscal y judicial operativos y justos, que generen resultados. Sin el apoyo constante del Estado, sin la idoneidad del régimen judicial, el incremento de las penas puede resultar ineficaz.

Es preciso, además, que el legislador “interprete” la circunstancia del país, entienda la emergencia de nuevas formas delictivas, estudie bajo una perspectiva técnica y no solamente política, la evolución social, y asuntos fundamentales como la globalización del delito, las innovaciones de las figuras penales que surgen con el deterioro de las instituciones, la economía subterránea y la devaluación de los valores.

La modernización del régimen penal, las innovaciones de las normas corren parejas con las visiones de la legislatura, con la sensibilidad sobre el tema de la representación política, con el desafío del Estado de contar con instituciones eficientes, funciones públicas responsables, burocracias ágiles, procesos idóneos y políticas que armonicen con las demandas de la sociedad. (O)