El país no solo vive en medio del conflicto armado interno, los niveles de violencia e inseguridad, la penetración del narcotráfico y los vinculados a la narcopolítica, que buscan el poder.
El país está seriamente afectado y tomado por la corrupción que, como en un caso judicial, ha hecho metástasis y ha penetrado en los diferentes sectores e instituciones.
Jueces, fiscales, políticos, candidatos, policías, militares, no todos por cierto, están contaminados y muchos de ellos procesados judicialmente por sus actuaciones vinculadas a las mafias y a la delincuencia organizada. Desafían al país y quieren imponer sus mentiras con argucias y falacias de supuesta persecución política.
Hoy se vive de las discusiones entre los políticos, en medio del proceso electoral que está lleno de demagogia y engaños, sin llegar a proponer cómo concretamente van a solucionar los problemas de los ciudadanos: los altos niveles de inseguridad y violencia, la crisis eléctrica, la situación económica, social y falta de empleo pleno, la crisis del Seguro Social, la educación, la salud, la falta de valores morales y éticos y fundamentalmente cómo dar mayores resultados en la lucha contra la corrupción generalizada que corroe a la sociedad y evitar que sigan logrando impunidad.
Hoy políticos, legisladores y candidatos discuten, se disputan y cuestionan la vigencia de la ley denominada ‘antipillos’, lo cual refleja el nivel en el que se encuentra la nación. Los que quieren perseguir y sancionar a los pillos y los que se oponen fervientemente a esta ley.
No importan los argumentos, muchos de ellos sin sustento en el ordenamiento jurídico, al archivar el proyecto de Ley Antipillos en el primer debate, cuando por mandato constitucional y legal y la confirmación del máximo organismo del control constitucional (dictamen 4-23 de la CC, numeral 162) se observa la obligatoriedad de los dos debates, que no hubo en este trámite.
Asambleístas que no entienden la supremacía y prevalencia de la Constitución (art. 424) y la jerarquía de las normas (art. 425) y por ello los reparos y cuestionamientos de respetables constitucionalistas, que les califican de analfabetos constitucionales.
El país necesita una lucha frontal y decidida de todos contra los pillos, las mafias y los grupos delincuenciales organizados e identificar claramente a sus aliados y los que protegen y se benefician de ellos, muchos en campaña electoral e incluso de candidatos, a los que debiera castigarse en las urnas durante los próximos comicios presidenciales y legislativos.
La mayoría de la Asamblea santificó y liberó de culpa durante el juicio político contra un personaje siniestro que presidiera el órgano administrativo y disciplinario de la Judicatura, que salió de la cárcel para ir al recinto legislativo, en donde le dieron tribuna abierta y libre para decir lo que quiera, pero luego volvió al centro penitenciario y en la Corte recibió la primera sentencia condenatoria por su participación y como autor de delincuencia organizada. También está procesado en otros juicios penales, a la espera de nuevas condenas. Esos son los niveles del debate y de conexión para el cometimiento de estos delitos. (O)
