El modelo de gestión de los recursos públicos está obsoleto y es insostenible. Los ingresos permanentes alcanzan para menos de la mitad de las obligaciones fiscales, si incluimos financiamiento. Vivimos un espejismo del que hay que despertar, conservando cobertura y calidad del servicio público a los más vulnerables. Minimizar el subsidio a todos los combustibles es inevitable, así como una reingeniería al aparato burocrático, cuyo gasto corriente aumenta año tras año.
El Plan Anual de Inversiones (PAI) del presupuesto del 2024 tiene su mayor asignación ($ 230 millones) en el Proyecto de Gestión del Subsistema de Empleo en el Servicio Público. Este es parte de un presupuesto de $ 1.918 millones con que se pagarían, durante tres años, la desvinculación de 36.972 funcionarios públicos. Suponiendo con optimismo que a futuro no se volverán a ocupar los cargos desvinculados no indispensables, preocupa que esta sea la única iniciativa gubernamental para mejorar la eficiencia y eficacia del aparato estatal. ¿Es acaso imposible transformarlo? ¿Existe la estrategia para innovarlo profundamente, bajando el gasto corriente y mejorando su impacto?
Si existe, debería iniciar por transparentar la información del gasto de las entidades públicas, respetando la privacidad de los empleados, para contestar preguntas como: ¿-cuáles son los servicios de verdadero valor para el ciudadano que ella brinda? ¿Cuántos de sus empleados dan servicio directo al ciudadano y cuál es la productividad de cada uno? ¿Qué porcentaje representan los empleados de servicio directo al ciudadano respecto al total de empleados? ¿Cuál es la proporción de ciudadanos por empleado de atención al público en cada parroquia atendida? Seguro que a usted se le ocurren más preguntas. La idea es identificar y discutir constructivamente las oportunidades de mejora en la eficiencia y en la calidad del gasto de cada entidad, empezando por las de mayor peso en el gasto corriente fiscal.
Las conclusiones y recomendaciones resultantes serán base firme para incursionar en múltiples avenidas de acción. Permiten identificar: cambios necesarios en la legislación, para proponerlos al nivel que corresponda; oportunidades de centralizar servicios internos y descentralizar servicios al ciudadano; configurar estrategias tecnológicas basadas en la necesidad del usuario final de los servicios; alcances concretos para la participación privada en la prestación de servicios públicos, entre otras. Finalmente, añadirían mayor impacto al plan de jubilaciones antes comentado y ayudarían a encontrarle financiamiento, pues por ahora está basado en gasto del presupuesto fiscal.
Hasta entonces, no más dinero a consultorías que perfeccionen y justifiquen al actual laberinto estatal. Volvamos a mirar lo indispensable: la relación con el usuario, desde ahí hacia atrás a contar solo con lo esencial. Y para cada uno de nosotros, lo más difícil: dejemos de atosigar a cada amigo o pariente que llega a alguna función pública importante con la lluvia de currículos de hijos, nueras, entenados, amantes y alcahuetes, movidos por nuestro deseo de ampararlos. (O)
