Los compatriotas que laboran en áreas no urbanas esperan con optimismo planteamientos concretos, sin ambages, que deben formular con claridad y firmeza los candidatos presidenciales y que se comprometan bajo patriótica promesa a cumplirlos, conjuntamente con sus equipos y la organización que los encumbra, de cuya franca y sencilla expresión dependerá la decisión del votante rural y citadino, con conciencia real del aporte del campo, que clama por su urgente e inaplazable reivindicación. Sería decepcionante que otra vez se eluda al sector agrícola y que el futuro jefe de Estado no advierta sus problemas, peor las soluciones, que atormentan a los agricultores.
Progresa la agricultura orgánica en el país
Medios formales, redes sociales, colegios de agrónomos han definido guías, agendas y hojas de ruta, que deberían observar los electos, como una forma de asesoría sin costo para alcanzar el cambio requerido en lo agrario. Un puntal de toda política agropecuaria es la comercialización, permanente debilidad que acusan los gobiernos, porque no han superado la coexistencia de políticas difusas, propias del libre mercado, en que las transacciones de las cosechas responden a las fluctuaciones de la oferta y demanda, sin intervención estatal, mientras rigen mandatos constitucionales y legales que señalan el tutelaje estatal como la determinación de precios mínimos para algunos bienes como los de exportación, banano y plátano, que cuentan con una ley específica, así como para leche y otros de consumo nacional, cuya inobservancia configuraría un delito con serias sanciones e inclusive prisión. Esta imprecisión reclama definición al más alto nivel, en aras de las seguridades jurídicas, alimentaria y respaldo a las inversiones, que ha dejado sin piso al Ministerio de Agricultura, que enfrenta un conflicto judicial por haber establecido, como es su obligación, precios mínimos para la caña de azúcar en pie. Tampoco es saludable que el Estado incursione como ejecutor y competidor de la actividad privada comercial siempre con desastrosos resultados.
Futuro incierto de la agricultura ecuatoriana
Este tema es interés de las administraciones francesas y estadounidenses, tanto que el presidente francés Emmanuel Macron ha reiterado que los bienes agrarios no deben sujetarse a las leyes del mercado, controlando la volatilidad de precios con medidas que garanticen la renta campesina. En esa línea, la vicepresidenta y candidata presidencial Kamala Harris ha anunciado regular a los supermercados para mantener precios justos para los consumidores y remunerativos para los granjeros. En España rige, en cambio, una singular ley que señala que ningún eslabón de la cadena agroalimentaria puede recibir un precio menor a los costos, que se establecerán de común acuerdo entre los elementos intervinientes en cada etapa del proceso. Lo básico es garantizar una equilibrada rentabilidad a los agricultores, como eje central de política agropecuaria, aspecto que deben tener presente los presidenciables al esbozar sus propuestas.
Campesinos organizados practican agricultura sana
Cuando empresarios y gobernantes se convenzan de que Ecuador es un país agrícola y se fijen como gran objetivo el bienestar campesino, se iniciará una plácida era de sustentable desarrollo económico y social. (O)
