Día a día, la situación venezolana se complica más. La posibilidad de una salida democrática aparece cada vez más lejana, mientras el autoritarismo va consolidándose. Este tiene a su favor no solamente el aparato represivo, reforzado con paramilitares y mercenarios, sino sobre todo el control absoluto del aparato institucional, incluidos órganos de Justicia y el Consejo Electoral. La lucha de las fuerzas democráticas se reduce a la exigencia de la difusión de las actas originales con los resultados de la votación, a manifestaciones callejeras y a la búsqueda de la solidaridad internacional. El pedido de un sufragio limpio es un clamor al mundo, ya que en el interior no tiene cabida. Pero choca con la ausencia de actores internacionales con la autoridad y la fuerza suficientes para vigilar y garantizar el respeto a los resultados.
Frente a esa realidad, los presidentes de Brasil, Colombia y México se constituyeron como un grupo que buscaba la mediación entre las partes. Esa posición se correspondía con la aceptación previa por parte de ellos de los resultados adulterados proporcionados por el Gobierno. Pero forzados por las evidencias, debieron aceptar que no puede existir mediación cuando una de las partes se niega a entregar el material básico, que son las actas que recogen los resultados. Por ello, el jueves 8 de agosto sus cancillerías emitieron un comunicado en el que consideran imprescindible la presentación de los resultados desglosados por cada mesa de votación. Además, cuestionaron el proceso iniciado ante el Tribunal Supremo de Justicia e insistieron en que el CNE es el órgano que legalmente tiene esa responsabilidad. Finalmente, aludieron a la conveniencia de que se permita la verificación imparcial de los resultados.
Sin duda, es un avance, ya que evita que la decisión quede en manos de la justicia controlada por el Gobierno, pero puede convertirse en un instrumento a ser utilizado por el régimen venezolano si no se definen dos asuntos básicos. Primero, si no se establece un procedimiento y una entidad externa o grupo de países encargado de ponerlo en práctica, el proceso quedará en manos del CNE, controlado por la cúpula gubernamental. Sin la presencia de vigilancia externa, el Gobierno no dudaría en hacer suya la iniciativa, se encargaría de revisar las actas manipuladas y contaría los votos a su antojo. Segundo, si no se pone un plazo estricto –de días, no de semanas– quedaría abierto el espacio suficiente para que el Gobierno sustituya las actas, esto es, que concrete el fraude. Hay serios indicios de que equipos informáticos están trabajando en ello. Sin el cumplimiento de esas condiciones, la propuesta será papel mojado y no podría evitar que se agrave la situación.
Otra solución sugerida es la conformación de un gobierno de concertación, que le ofrezca garantías al chavismo-madurismo. Es muy poco probable que ambas partes la acepten, ya que constituiría una bomba de tiempo que estallaría en la primera discrepancia. Una de las escasas posibilidades sería la concesión de asilo a Maduro y su cúpula, como se hizo con Jean Claude Duvalier, pero la incógnita está en el tamaño de esa cúpula (quiénes la integrarían) y en el país que les garantizaría su seguridad ante la amenaza que constituirían sus propios secuaces que no resultaran favorecidos. Hasta ahora se va imponiendo la fuerza. (O)
