El Consejo Nacional Electoral aprobó la convocatoria al proceso electoral de referéndum para enmendar la Constitución del Ecuador, de conformidad a las ocho preguntas presentadas por el presidente Lasso y que constan en el Decreto Ejecutivo n.º 607, las mismas que se resumen en tres líneas conductoras: promoción de la seguridad ciudadana, fortalecimiento de la democracia y protección del medio ambiente.

La consulta popular se realizará el próximo 5 de febrero, con los comicios previstos para elegir prefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales, así como a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Si bien la intención del oficialismo fue hacer coincidir las elecciones seccionales con el referéndum, para aprovechar la logística y con ello reducir sus costos (ahora ‘solo’ representarán $ 18,08 millones), sin embargo, esto conlleva un riesgo evidente y es la contaminación de la consulta popular con un proceso electoral ya en desarrollo y que podría ser utilizada por una oposición –ávida de un trofeo- para desvirtuar su propósito originario y convertir a esta expresión de democracia directa en una valoración a la gestión del actual régimen que, valga recordar, tiene, de acuerdo a la firma CID Gallup, la más baja calificación en la región, con apenas 17 % de aceptación, incluso con una evaluación menor que el ahora expresidente peruano, Pedro Castillo, y del venezolano Nicolás Maduro, lo cual ya es hablar de ligas mayores.

En ese punto, si bien al presidente Lasso al parecer le importan ‘un pito’ las encuestas (para utilizar una expresión salida de Carondelet, detrás de cuyas gruesas paredes los comensales de palacio se encargan de colocar a los presidentes en burbujas que los aíslan penosamente de la realidad); no obstante, para haber tomado la decisión de llevar adelante una consulta, se supone que se debieron analizar los diferentes escenarios posibles y más en un entorno político bastante desfavorable en donde un mal movimiento ajedrecístico podría devolvérsele cual búmeran.

Y es que, para un importante segmento de ecuatorianos, los problemas económicos, la pobreza, creciente inseguridad, falta de empleo, limitaciones en el acceso a salud, educación, vivienda y servicios básicos, así como el azote de la corrupción, son –entre otras– las mayores dificultades que les afectan y que exigen, por lo mismo, una respuesta clara y contundente por parte del Estado.

En esa línea de reflexión, ¿el cuestionario del referéndum está enfocado en dar contestación a esas demandas y necesidades de la ciudadanía? O, por el contrario, ¿podría constituir una estrategia de su tanque de pensamiento, para apalancarse en preguntas distractoras que usan a la seguridad, democracia y naturaleza y convertir a una eventual victoria del ‘sí’ como una forma de aprobación indirecta del Gobierno?

Lo cierto es que el Ecuador sigue con una economía ralentizada y manteniendo profundas desigualdades sociales que requieren ser enfrentadas. Empero y parafraseando a Alexander von Humboldt, seguimos apelando a la caridad internacional sentados en una reserva que supera los $ 7.400 millones... (O)