Resultó un cuento y una farsa lo de la participación ciudadana, la formación en valores, transparencia y la lucha contra la corrupción, como establece la Constitución (2008) para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Para su creación, en la Constituyente de Montecristi (2008), se vendió el discurso de que será un organismo sin injerencia político partidista y con su establecimiento se despolitizaban del Estado los nombramientos de las autoridades de los organismos de control, que antes hacía la Legislatura.
Falso, de falsedad absoluta. Con el argumento de la participación ciudadana se disfrazó la metida de mano directa en los nombramientos, que permitió crear una estructura de control de todo y se hicieron nombramientos de autoridades que taparon o se vincularon a la corrupción. Ejemplo: se nombró al contralor del Estado, con puntaje de 100 sobre 100, que estuvo los diez años de la revolución ciudadana y que debió fugar a EE. UU., en donde fue procesado por una Corte de Miami y encontrado culpable con cargos por lavado de activos. Solo se espera para septiembre el dictamen de cuántos años deberá pagar en la cárcel. Antes fue sentenciado en Ecuador a seis años por concusión.
Pese a las múltiples voces que han planteado su desaparición, resulta difícil por el diseño constitucional que tiene atrapado al país y por ello los que llegan al poder tratan de usarlo para tomarse los organismos de control.
Lo ocurrido la semana pasada con la designación del representante de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de la Judicatura y como tal por mandato legal preside el órgano administrativo y disciplinario de la justicia, es un fiel reflejo de lo que representa.
Primero nombran por méritos a una académica, pero al día siguiente viene la presión política de los que buscan la impunidad y controlar a como dé lugar a la justicia para revisar sentencias de condenados por corrupción.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea, dominada por ellos, convoca a los consejeros del CPCCS y les amenazan y ordenan que reconsideren la designación de esa autoridad y así se procede horas después, con la ayuda de un vocal que tiene una fundación que dice luchar contra la corrupción (qué vergüenza y qué ironía) y se presta para el juego. Sospechosamente se suma a esa causa, vota y dirime el tema.
Se procede a la reconsideración y se nombra a quien ha prestado sus servicios para esa causa y como abogado defensor de autoridades que pertenecen a ese movimiento, incluso uno fue destituido por la CC.
Con seguridad, quieren reeditar el papel vergonzoso y denigrante de un personaje impresentable, que hoy está preso en la cárcel, con cargos por delincuencia organizada y en otros procesos por obstrucción de la justicia e independencia judicial.
El nefasto CPCCS sigue siendo el trofeo político que se disputan para tomarse y designar a las autoridades de los organismos de control. Eso es todo. Un organismo que ha tenido total inestabilidad, con consejeros que han sido destituidos por sus malas y parcializadas actuaciones y otros que llegaron auspiciados descaradamente por movimientos políticos, lo cual está prohibido legalmente, pero qué importa si aquí todo se pisotea. (O)
