Cuando se dice que el futuro del Ecuador está en la minería no es una afirmación sin sustento. Basta con revisar algunas cifras para dar cuenta del importante aporte económico y social que ha tenido el sector durante los últimos años.

En febrero de 2023, con solo dos minas formales en fase operativa, el sector logró ubicarse entre los principales exportadores a nivel nacional. Un hecho histórico que demuestra que la industria minera influye cada vez más en el PIB. Lo hace de manera responsable, en cumplimiento con las buenas prácticas internacionales, la legislación ecuatoriana, un alto compromiso ambiental y social con el Estado y con las comunidades locales.

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En términos de empleo, en 2022 el sector generó 185.000 plazas directas e indirectas, sobre todo en las zonas rurales en donde están los yacimientos. Con lo cual las poblaciones de esas zonas tienen más oportunidades para su desarrollo, con empleo, la activación de los engranajes comerciales derivados, reduciendo la migración a otras ciudades.

Las empresas mineras aportan con millonarias regalías que deben ser canalizadas cada año por el Estado en gasto social, además de invertir en las comunidades de su zona de influencia con la construcción de escuelas, hospitales, carreteras, apoyo al comercio y la agricultura, etc. Estos aportes se ven reflejados en mejores condiciones de vida y la reducción de la pobreza.

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Un ejemplo actual del efecto positivo del sector minero formal, tomando como fuente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), es Zamora Chinchipe, la única provincia en la región amazónica en la que tres de cada diez personas son pobres; en el resto de este territorio, seis a siete personas viven en la precariedad. Zamora Chinchipe logró reducir el 13 % de la pobreza en dos años, de 2019 a 2021, gracias a la actividad minera formal que ha impulsado el empleo y la economía.

Lo ocurrido en Zamora Chinchipe puede replicarse a otras zonas del país. Azuay es una provincia con un alto potencial minero...

Lo ocurrido en Zamora Chinchipe puede replicarse a otras zonas del país. Azuay es una provincia con un alto potencial minero, que podría representar el 25 % del PIB provincial, generar más de 27.000 empleos directos y cerca de 8.000 indirectos adicionales. Una oportunidad única, que está respaldado con un desarrollo ambientalmente sostenible, que cumple con las obligaciones tributaria, societaria y laboral, compromisos que únicamente se pueden obtener desde la minería formal. Pero por el contrario, se ha desincentivado al sector y su inversión, recompensando a una actividad ilegal, que además de afectar gravemente al medio ambiente, es fuente de actividades como son el lavado de dólares, prostitución, uso de estupefacientes, trabajo infantil, delincuencia organizada.

El sector productivo necesita estabilidad jurídica desde el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. Poderes del Estado de los cuales requerimos celeridad en la toma de decisiones, las mismas que estén basadas en informes técnicamente elaborados, sin un sesgo político partidista. Que hagan cumplir la constitución, las leyes, ordenanzas y normativas. Una actuación así activará un círculo virtuoso tan necesario para el desarrollo del Ecuador. (O)