Acertó Hans Kelsen -hoy más que nunca- en considerar que una corte o tribunal debía, en el contexto de las democracias contemporáneas, ser el guardián de la Constitución. El magnate Elon Musk, suprema expresión de la vacuidad de estos tiempos, se quejaba recientemente del poder de los jueces para detener las decisiones presidenciales que vulneran derechos. En su global ignorancia, descubrió la existencia de la Constitución. La judicial review o el control de constitucionalidad, precisamente, sirven para asegurar que los políticos respeten el Derecho, porque la democracia no es solo ganar elecciones, sino una práctica continua. Si no me creen, miren cómo llegaron al poder buena parte de los abominables dictadores totalitarios de los siglos XX y XXI, incluido Hitler: tras triunfos electorales.
La Corte Constitucional, que es la guardiana del Estado constitucional en el Ecuador, concluye tres años con su actual conformación. El próximo martes, tres magistrados saldrán sorteados y serán reemplazados por Claudia Salgado, Jorge Benavides y José Terán. Y tras hacer las sumas y las restas, es justo decir que su aporte al Estado de Derecho ha sido superior a sus errores. Para muchos, ha sido el último eslabón de institucionalidad democrática. Y más allá de los acuerdos o desacuerdos con las decisiones, sobre todo las polémicas, ha sido en la historia del país una excepción: juezas y jueces altamente calificados, sin bochornos éticos en el ejercicio de sus funciones. Las decisiones difíciles develaron, como en otros países democráticos, un fuerte debate, con desacuerdos expresados en votos salvados. No ha sido, como ha sucedido en el pasado, un apéndice obsecuente de Carondelet.
No es fácil conducir una Corte. El juez al que se le encomienda esa tarea ejerce como un primus inter pares o primero entre iguales. Alí Lozada Prado, el presidente saliente, acertó con la visión que propuso: recordar, aunque a los ecuatorianos eso nos cueste tanto, que el mundo no se inventó ahora, sino que el constitucionalismo ecuatoriano tiene una larga tradición y que se inscribe en la aún más larga historia de las sociedades para limitar con el Derecho al poder. Por eso, asumo, Lozada planteó volver a la metáfora del filósofo Carlos Santiago Nino, que concebía a la práctica constitucional como una catedral: el arquitecto encargado de continuar el proyecto ya iniciado debe saber que no lo completará, podrá imprimir su estilo, que es signo de su época, pero otras generaciones deberán continuar la obra. Y es que el constitucionalismo es el producto de una racionalidad colectiva que debe sostenerse en el tiempo, en torno al principio de equilibrio. No un invento exaltado e instantáneo.
Hubo errores: por ejemplo, no detener, al menos a tiempo, los constantes fraudes a la Constitución por parte de las más altas autoridades del Estado. Pero es verdad que los sistemas jurídicos de las democracias modernas entienden a los boicots como desafíos extraordinarios, no como práctica continua y sistemática de los líderes políticos, que es lo que ha sucedido en el Ecuador. En ese sentido, sí es preciso valorar el rol de la única institución que buscó hacer su trabajo, pese a las complejas circunstancias. Ningún guardián está del todo listo para resistir sin descanso fraudes y ataques constantes al Estado de Derecho, con el riesgo de volver a la Corte objetivo de destrucción por parte de los poderes demagógicos y populistas que provocan esas acciones. Lo grave es que, gane quien gane la presidencia de la República, el trabajo de la Corte será cada vez más difícil, porque la clase política ecuatoriana no desea continuar la construcción de la democracia, sino solo consolidar sus proyectos personales de poder.
Por eso es clave que la nueva conformación medite profundamente en quién será la próxima primus inter pares. Y lo digo en femenino porque ha llegado la hora de reconocer la capacidad de trabajo, riguroso y conceptualmente profundo, que han demostrado las magistradas, con sentencias históricas en calidad de ponentes, no solo para la protección y reparación de los derechos vulnerados, sino para entender a la Corte como una fuente de Derecho que puede, por medio de precedentes, reconducir cabalmente el derecho procesal y las exigencias que debe cumplir la tristemente célebre justicia ordinaria. No solo es un tema urgente desde el punto de vista de la paridad (nunca una mujer ha presidido la Corte), sino porque ellas poseen algunos de los cerebros jurídicos más sólidos del país y, según parece a partir de los números, de los más eficientes. Las juezas han demostrado su alto sentido de madurez y responsabilidad histórica, sobre todo a la hora de cumplir su rol central: ser guardianas de la Constitución. Habrá que ver, tras el sorteo, quienes se quedan y se van, pero alguna de las juezas constitucionales que se queden, por su capacidad y antigüedad (que, en este caso, implica experiencia y liderazgo), deberá asumir este desafío extraordinario de contener, con sobriedad y racionalidad, los maremotos demagógicos para que la catedral no se derrumbe y quede en ruinas. (O)
