Para construir y mantener una convivencia eficazmente democrática es preciso hablar y escribir con claridad. La comunicación efectiva forma parte de las necesidades de gobernados y gobernantes, al menos si se desea entablar entre ellos una relación lo más transparente que sea posible, pues, ya se sabe, los recovecos del poder siempre contienen una parte escondida. Tanto la Real Academia Española como la Asociación de Academias de la Lengua Española han emprendido importantes acciones para que las comunidades hispanohablantes fortalezcan en sus vidas diarias la práctica de un lenguaje claro y accesible.
Lenguaje claro –según Santiago Muñoz Machado, en su más reciente libro Fundamentos del lenguaje claro (Santiago de Chile, Espasa, 2025)– es “lo que puede entenderse con facilidad, con la primera lectura, sin necesidad de interpretaciones”. Sin embargo, la sencillez en la comunicación no es una tarea tan fácil, pues requiere previamente un orden en las ideas que se quieren transmitir. La familia, los amigos, la escuela y el colegio constituyen los espacios más importantes para alcanzar cierta facilidad y seguridad en la comunicación interpersonal. Somos casi seiscientos millones de hablantes de español en los cinco continentes.
Sin embargo, la vida social está plagada de formularios, leyes y contratos que no siempre son claros; por el contrario, son ambiguos, obligan a lecturas repetidas ya que la oscuridad impide entender lo leído de buenas a primeras. Debemos poner un alto a la escritura enredada. Para empezar, nuestra Constitución de 2008 se rige por unas convenciones que están al margen de la normativas que el pueblo ha ido creando y aceptando para una comunicación fluida. Según Muñoz, “en buena medida, es responsabilidad de los legisladores que las leyes utilicen un lenguaje claro, y que impongan la misma obligación a todos los poderes del Estado”.
Desde hace décadas en los Estados Unidos y Europa los gobiernos han estimulado el uso del lenguaje claro; ahora, en el mundo hispanohablante también se trata de interiorizar el hecho de que las personas, de toda condición, tenemos derecho a comprender lo que nos están informando. Hay que hacer conciencia de la obligación que tiene el poder de hablar con claridad a los ciudadanos, por lo que no se debe afectar la claridad expositiva en las luchas justas por la igualdad social y personal. También es preciso, con el fin de evitar la discriminación, crear mecanismos reales y oportunos para la atención a las personas con discapacidad.
Por todo esto, la tarea es evitar que el empleo técnico de nuestra lengua sea un dolor de cabeza, como sucede en el lenguaje jurídico con incontables formulismos y expresiones que no siempre pertenecen al lenguaje común. También otros tecnolenguajes –de los médicos, farmacéuticos, científicos, ingenieros, arquitectos, profesores universitarios, mecánicos, pilotos, marinos, etcétera– y etiquetados –de medicinas, alimentos, seguros, productos financieros, consumidores, usuarios, contratación– deben adaptarse al uso de todos para asegurar la calidad de la lengua y la democracia y la unidad de los hispanohablantes en el mundo. (O)
