Cuando el país necesita con urgencia soluciones a sus angustiantes problemas de inseguridad, económicos, sociales, de empleo, la Asamblea pierde el tiempo al debatir una resolución que constituye una barbaridad jurídica y que no se necesita para enjuiciar penalmente al exvicepresidente, que cuenta con dos sentencias condenatorias por corrupción y que ya no tiene ninguna inmunidad.

Colpa nostra

Una vergüenza lo ocurrido: perder el tiempo analizando un texto que tiene ineficacia jurídica, pero contribuye a una mayor impunidad. El enjuiciamiento penal de un ciudadano y que, a criterio de un reconocido constitucionalista, refleja que son unos analfabetos constitucionales. Que la resolución de la Asamblea abre la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura, con nueva dirección, suspenda a este cuestionado juez e inicie un proceso por error inexcusable. La Fiscalía que investigue el delito de prevaricato y es el momento oportuno de una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional (CC). Este juez está identificado con la causa política de la impunidad, que se ha evidenciado con sus fallos absolutorios e incluso está contaminado con un exjefe narco.

El tongo de la impunidad que se evidencia en la legislatura resulta una burla a todo lo que viene haciendo con valentía la fiscal general. Es otra versión de una metástasis que carcome a las estructuras institucionales. El desafío es quién para estos abusos que se repiten en la Asamblea.

No juntos, peor revueltos

La mayoría legislativa se rasga las vestiduras entre ellos para engañar al país. Solo se puede autorizar para un mandatario en funciones. La Constitución es clara. Artículo 120, numeral 10: la Asamblea tendrá la atribución de autorizar con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, el enjuiciamiento penal del Presidente o Vicepresidente de la República, cuando la autoridad competente lo solicite fundadamente.

Existen tres casos similares en los que la Asamblea rechazó y declaró improcedentes pedidos de autorización de la Corte porque los exmandatarios ya no estaban en funciones e incluso fueron condenados por corrupción.

‘Jueces suicidas’

Así, con engaños, pretenderán llegar al juicio político a la fiscal general, “por atreverse a enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico, sus aliados y defensores”, aunque digan los coaligados en el pacto de la impunidad que se oponen firmemente a este proceso, pero con cinismo votan a favor del mismo.

Esos asambleístas siguen jugando con fuego porque continúan desafiando a la institucionalidad e incluso a fallos de la CC que debiera asumir con oportunidad y firmeza el hacer respetar sus decisiones, sin cálculos políticos, y llegar en su momento a la destitución de estos legisladores.

Los asambleístas desafían al fallo de la CC que en su sentencia 122-22-JC/23, de octubre pasado, estableció que la Asamblea y todos sus miembros se hallan frente al deber de sustanciar la fiscalización con cabal rigor y apego estricto al procedimiento reglado en la Constitución y la ley. Añadió que el ejercicio del poder de control de la Asamblea tiene por su naturaleza un margen de discrecionalidad “pero no de arbitrariedad” y que no pueden abusar de esa facultad. (O)