“La libertad de opinión es el alma de la democracia, porque permite el debate, el disenso y el progreso”, Kofi Annan.
Al opinar ejercemos el derecho fundamental de la libertad de expresión del pensamiento; una libertad que reivindica nuestra personalidad, nuestra autonomía, pero también una libertad que fortalece el poder del diálogo social como fuente de la democracia y la soberanía popular. Una expresión libre garantiza la calidad de la convivencia civil y política; de ahí que cada ciudadano tiene la responsabilidad de ejercer este derecho-deber desde su propia individualidad y voluntad.
En nuestro país, de acuerdo con el último informe de Latinobarómetro, el 80 % de la población no dice lo que realmente piensa sobre política; el 59 % de la ciudadanía señala que opinar públicamente genera reacciones negativas; el 25 % prefiere hacerlo en familia, el 22 % entre amigos y 15 % en redes sociales, lo cual evidencia que la ciudadanía tiene miedo a dialogar sobre política, a tener represalias y en general a expresar sus opiniones. Este déficit de la libre expresión revela que nuestra sociedad está autocensurada, y que a la vez está condicionada por la calidad de la información y el alto riesgo que representa la información falsa que circula principalmente en las redes sociales.
Como sociedad, debemos estar conscientes de que la opinión ciudadana es un bien público; que el libre intercambio de información veraz y crítica, así como de razonamiento abierto y plural, convierten la opinión pública en un instrumento cívico que estimula la conversación democrática y el debate ciudadano, que a la vez tiene el poder de vincular a la ciudadanía en torno a intereses comunes y asuntos muchas veces controversiales. El ser y el deber ser de la opinión pública nos comprometen a ejercerla con libertad, sin temor y al mismo tiempo con responsabilidad, observando sus límites, para así construir un clima de opinión que rompa, de manera continua, con el silencio o la indiferencia ciudadana; un clima que represente el contrapeso necesario ante la principal amenaza a nuestras libertades: el aislamiento social.
No existe opinión pública en Estados autoritarios donde la voz oficial se impone a la voz ciudadana, donde la opresión socava la expresión. Al proteger y garantizar espacios de opinión a través de los medios de comunicación ejercemos nuestro derecho de opinar como un don cívico, que estimula la transparencia y la deliberación; con el que aprendemos el arte de dialogar con respeto, de tolerar el pensamiento contrario y entendernos como sociedad.
Luego de cinco años como columnista, me despido con una profunda gratitud por la generosidad de EL UNIVERSO al ofrecerme este espacio de opinión y de quienes han seguido esta columna, que no ha tenido otro objetivo que reivindicar el valor fundamental de la libertad de pensamiento, de la expresión de opiniones y la difusión de ideas; pero especialmente el valor del periodismo de opinión, que exige ser ejercido con veracidad y convicción, y que a la vez reclama lectores dispuestos a cuestionar, reflexionar y actuar. (o)
