La guerra en Palestina se ha caracterizado por sus efectos sobre la población civil. Muertes civiles, ataques a centros escolares y médicos, a campamentos de refugiados y desplazamiento de millones de personas son, entre otros, elementos del escenario de violencia. La ONU ha reaccionado, pero con impotencia. Su arquitectura institucional admite bloqueos que la vuelven inoperante cuando hay voluntades políticas poderosas.

El organismo más importante de la ONU es su Consejo de Seguridad, el que precisamente está encargado de resolver los problemas bélicos. Sus resoluciones son de cumplimiento obligatorio e incluso pueden demandar el uso de la fuerza para que se acaten; sin embargo, su constitución data de finales de la II Guerra Mundial. Cinco países de los 15 que lo conforman, los victoriosos de esa contienda, tienen poder de veto: EE. UU., Rusia, China, Francia y el Reino Unido. Pueden parar cualquier decisión. Cuatro resoluciones han sido detenidas las últimas semanas. La más notable de ellas fue una impulsada por Brasil, que pedía pausas humanitarias para que la población civil sea ayudada. EE. UU. la vetó y Rusia se abstuvo.

El Consejo de Seguridad tiene teóricamente poder, pero no representa al conjunto de los países de Naciones Unidas. La Asamblea General, que reúne a todos los miembros, lo hace pero sus resoluciones carecen de capacidad vinculante. Ese organismo, por ejemplo, logró una mayoría. Una resolución pidiendo una tregua inmediata, que se atienda a la población civil, que rija el derecho internacional en casos de guerra y que se liberen todos los cautivos civiles fue aprobada por 120 votos afirmativos (Ecuador entre ellos), recibiendo 14 en contra y 45 abstenciones. Esa resolución, que fue adoptada por Estados que representan demográficamente a la mayoría de la población mundial, y que obtuvo una votación de países de todos los continentes, no es obligatoria y no pasa de ser una declaración de buena voluntad en circunstancias en que la comunidad internacional quiere actuar para salvar vidas.

El mundo de la tercera década del siglo XXI no es el mismo de la cuarta del siglo XX. La ONU es una organización imprescindible, pero requiere una reforma. El Consejo de Seguridad, particularmente, debe ampliarse. Necesita una representación permanente de América Latina, de África y de la India, por ejemplo. El poder de veto de sus miembros no puede seguir sin una normativa mínima que lo regule. Las últimas crisis internacionales prueban esta necesidad. Sin embargo, las posibilidades de que ello ocurra en el futuro previsible son pocas. Ninguno de los Estados miembros permanentes del Consejo ha hecho explícita su voluntad de ceder o ampliar ese privilegio.

La comunidad internacional, sin excepciones, está preocupada por lo que ocurre en Palestina. No solo los Estados, sobre todo las sociedades: hay inmensas movilizaciones en todos los países, pero el instrumento que fue fundado hace casi ochenta años para hacer frente a estas situaciones, no es operativo, requiere una mínima reforma democratizadora, sin embargo, la concentración de poder expresada en su estructura actual lo impide. (O)