El caso Metástasis ha confirmado que la corrupción ha penetrado en las Cortes de Justicia, que es lo más grave que le puede ocurrir a una sociedad; redoblado esto porque esa penetración comprende la del narcotráfico. Esto no admite otra solución que la reorganización del Poder Judicial. Desgraciadamente, allí falló el Consejo Transitorio de Julio César Trujillo, pues el vocal encargado de esta reorganización no pudo cumplir su cometido.

Lo que está haciendo hoy el Consejo de la Judicatura, con un presidente encargado que reemplaza al ahora encarcelado, no es realmente sino un paño de agua tibia que deja al mal campeando.

El ‘por si aca’

Lo hecho por la fiscal quedará incompleto si no se aprovecha del ambiente favorable existente en la ciudadanía de respaldo a su gestión para eliminar a lo que está invadido por la gangrena. El caso Metástasis ha mostrado crudamente que el crimen organizado no escapa al principio de los vasos comunicantes: cuando no son los mismos autores, pues son los mismos abogados o los mismos jueces sobornados que protegen al crimen valiéndose, principalmente, del abuso de los recursos de habeas corpus y concediendo la libertad inclusive contra sentencias ejecutoriadas.

Para reorganizar la Función Judicial no hay otro camino que una autorización del soberano, el pueblo, mediante una consulta popular convocada por el presidente de la República; cualesquiera otras consultas sobre la materia serán ineficaces.

Con Metástasis, el Ecuador ha dado un paso trascendental. Este golpe contundente contra el narcotráfico ha sido el resultado de una ardua labor de varios meses para tejer una red con fuertes cuerdas que resistan los intentos por romperla.

Ruina moral y resurgimiento

Este golpe ha sido concebido, desarrollado y ejecutado por la fiscal general, Diana Salazar, y su equipo, con la colaboración de la Policía Nacional; contra la fiscal general, consecuentemente, apuntarán sus fusiles todos, propios y extraños, teniendo presente que no siempre las balas más peligrosas son las del enemigo visible.

Digo esto a colación de que uno de los más connotados conductores de opinión pública ha prevenido que la fiscal general podría pasar a desempeñar una embajada, lo que significaría una quiebra mortal de esta lucha que ha enfervorizado a la ciudadanía y un desinflamiento de su imagen; la popularidad es una pompa de jabón que puede desintegrarse al menor pinchazo. Esperemos que la fiscal permanezca sorda a las amenazas y a los cantos de sirena.

Hay antecedentes de reorganización: en 2005, cuando una mayoría congresal destituyó a la Corte Suprema y la sustituyó por otra, despectivamente llamada la “Pichi Corte”, de efímera duración, porque el pueblo del Ecuador, en Quito, la desconoció, derrocando inclusive al Gobierno y dando lugar a la conformación de una comisión de prestantes ciudadanos independientes que eligió una respetabilísima Corte. El Poder Judicial permaneció cerrado algunos meses, pero valió la pena. Más tarde, esta Corte fue sustituida por el nuevo orden político, que, en sus propias palabras, “metió mano en la justicia”, y empezó el desbarajuste. (O)