Este año, el lema del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza es “Acabar con el maltrato social e institucional”. Este enfoque pone de relieve un aspecto muchas veces ignorado de la pobreza: el trato que reciben las personas que la sufren, según lo reveló el estudio Las dimensiones ocultas de la pobreza, publicado en 2019 por All Together in Dignity Fourth World y la Universidad de Oxford. Tras analizar varios países, el estudio destacó un factor que agrava la vulnerabilidad de quienes viven en la pobreza: el maltrato social e institucional.
El maltrato social se refleja en la forma en que las personas en pobreza son percibidas y tratadas por las sociedades. Prejuicios y actitudes excluyentes estigmatizan a las personas pobres, a quienes se margina o culpa de su situación. Estas actitudes de rechazo se intensifican cuando se suman factores como el género, la discapacidad o la diversidad étnica y sexual.
Este maltrato se transfiere al ámbito institucional cuando las instituciones perpetúan el abandono, ya sea por ineficiencia, indolencia o corrupción. Aún más preocupante es cuando las actitudes discriminatorias dentro de estas instituciones limitan el acceso a derechos fundamentales y servicios esenciales, profundizando la exclusión.
No erradicar el maltrato hacia las personas en pobreza impide alcanzar el primero de los objetivos de desarrollo sostenible: poner fin a la pobreza en todas sus formas para 2030. Para lograrlo, es crucial un cambio de mentalidad que promueva empatía social, una mejor comprensión de las causas de la pobreza y movilización de recursos y voluntades.
El desafío es global. Según datos de 2023 de la alianza entre la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford (OPHI) y el PNUD, más de mil millones de personas viven en pobreza multidimensional, lo que significa que enfrentan privaciones en salud, educación y en condiciones básicas de vida, como el acceso a una vivienda digna, agua potable y saneamiento. El informe de Pobreza Multidimensional de 2024 alerta, además, sobre los impactos negativos de los conflictos: obstaculizan, revierten y restringen las perspectivas de mejoras futuras.
En Ecuador, los desafíos también son grandes. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), hasta junio de 2024, el 25,5 % de la población vivía en situación de pobreza por ingresos, lo que significa que una de cada cuatro personas enfrenta esta realidad. En las zonas rurales el porcentaje es mayor, alcanzando el 43,2 %. Desde una perspectiva multidimensional, el 19 % de la población era considerada pobre en 2023.
Reconocer la dignidad de estas personas y tratarlas con respeto es una condición esencial para el éxito de las políticas de inclusión social, protección y creación de oportunidades. Solo a través de un compromiso colectivo y acciones sostenidas podemos avanzar hacia un mundo donde todas las personas puedan acceder a una vida con dignidad. (O)
