Cuenta la leyenda que el oro atrajo a los españoles al Sígsig incluso antes de la propia fundación de Cuenca, en el año 1557. Tiene sentido: el metal ha sido un espejismo que embruja, y hoy es el origen de una crisis de inseguridad y contaminación ambiental sin precedentes.

El cantón Sígsig fue inicialmente un sitio de ocupación humana en el periodo conocido como Paleoindio. En la Cueva Negra de Chobshi se han encontrado registros de ocupación humana de 10.000 años atrás, uno de los tres sitios del actual territorio ecuatoriano con similar datación.

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La historia registra también pasajes sobre la presencia del cacique Duma, a quien se le atribuye la defensa del gran pueblo Cañari ante la invasión del inca Túpac Yupanqui, a quien derrotó; como evidencia quedan ruinas precoloniales, abundante cerámica y estudios académicos. Ubicada a 60 km al suroriente de Cuenca, actualmente es una de las reservas naturales y culturales del Azuay. (“En 2002 fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, por su valor histórico y cultural de gran interés”).

Durante la Colonia, los españoles inmigrantes fundaron allí el asentamiento San Sebastián de Sígsig, crearon las minas Santa Bárbara y sacaron todo el oro que pudieron, del cauce del río del mismo nombre. Actualmente esta actividad continúa, amenazando con terminar con el Santa Bárbara, contaminar y enfermar a los habitantes, que según el último censo son más de 27 mil, y convertir –nuevamente– a este en un territorio sin ley.

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El problema es mayor actualmente, pues la extracción ilegal del oro se extendió a páramos y bosques de reserva hídrica. Para construir sus campamentos provocan incendios forestales y una vez establecidos arman una cadena de comercio ilegal para proveerse de víveres, combustibles, químicos, vestimenta. Problema que no es nuevo y que ha intentado ser controlado por el Gobierno central sin resultados positivos. A esto se suma la incursión de los denominados “grupos de delincuencia organizada” que dan “protección” a la actividad ilegal minera.

Esta “protección” tiene alcances inéditos: amenazas de muerte a las autoridades cantonales que intentan intervenir para evitar la muerte del principal afluente que sostiene la vida en el cantón, por el uso indiscriminado de químicos. Abandono gubernamental en el control por esa suerte de desprecio por lo público y los guiños al “fomento de la minería legal y a gran escala”.

Las autoridades locales practicaron análisis del agua en diez puntos diferentes de las fuentes hídricas y el resultado fue escalofriante: recomiendan alejar las actividades recreativas del río por la intensa presencia de plomo y mercurio. Del consumo ni hablar. Los resultados fueron remitidos a la Comisión de Biodiversidad en la Asamblea Nacional, donde no hay mucha esperanza: un asambleísta azuayo, Adrián Castro, le puso harto “Shungo” para defender lo indefendible en Olón, así que mucha esperanza no hay.

Lo que queda: activismo social. Habitantes del Sígsig se organizan, pero no alcanzan a incidir; sin respaldo gubernamental no será posible. Solo queda lanzar el SOS Sígsig. (O)