El Ecuador no termina de salir de un escándalo para entrar en otro. Mientras se desarrolla la investigación publicada por el portal digital La Posta y denominada por la Fiscalía General del Estado como caso Encuentro, sobre una presunta red de corrupción que habría operado desde las más altas esferas del poder en las empresas públicas, este lunes tuvo su desenlace la vergonzosa pugna de poderes librada dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Luego de la destitución de cuatro de sus miembros mediante juicio político por parte de la Asamblea Nacional y el desafío de dicha actuación por parte de los destituidos, quienes a través de una acción constitucional de protección consiguieron no solo ser ratificados en el cargo, sino, además, que el Poder Legislativo sea obligado a poner una inédita placa en sus instalaciones (con designación de un segundo superintendente de Bancos como entremés), la pugna no cesó. Y cuando el presidente del CPCCS ya advertía de una posible destitución de 80 asambleístas por incumplimiento de la resolución constitucional, y la Asamblea Nacional enfilaba sus cañones en respuesta, la Corte Constitucional nos ha recordado la importancia de la institucionalidad en un sistema democrático.

La Corte Constitucional tomó la decisión ‘más radical’ al destituir a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, dice el expresidente Hernán Ulloa

En una muy bien motivada sentencia y con el voto unánime de sus magistrados, la Corte Constitucional resolvió destituir a los siete miembros del CPCCS por incumplir con su obligación de designar al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia y, además, requerir al primero que en 24 horas encargue la presidencia del CNJ al suplente del delegado de la Corte Nacional de Justicia, hasta que se designe al titular.

¿Se imagina usted, estimado lector, cómo sería el Ecuador si todas las instituciones del Estado actuaran de esta forma?

¿Se imagina usted, estimado lector, cómo sería el Ecuador si todas las instituciones del Estado actuaran de esta forma? ¿Cuánto habríamos avanzado como país si todas las principales instituciones del Estado gozaran de la debida independencia, suficiente para tomar este tipo de decisiones en derecho, por encima de los afectos o desafectos por el Poder Legislativo o Ejecutivo, o por quienes los lideran, o por qué conviene más, según la coyuntura, y mucho peor, o por quién tiene intereses particulares oscuros?

Por situaciones como la que motiva esta columna hoy es que las instituciones deben ser independientes.

Porque el poder político es un virus muy tóxico que genera en sus víctimas una necesidad insaciable de ir, cada vez, por más y más poder. Siempre hay razones, justificaciones. Pero siempre por más.

Los grandes padres de la patria francesa, hace más de 200 años, comprendieron la necesidad de establecer límites ante esa realidad humana, a través de la separación de poderes, de la institucionalidad democrática.

Y la estabilidad política e institucional de los EE. UU., probablemente la democracia más sólida del mundo, con todos sus defectos y desgastes, se debe precisamente a ello.

Por esa razón, muy al margen de la coyuntura política, aplaudimos la actuación de la Corte Constitucional, que se convierte hoy en una luz en medio de una cada vez más espesa tiniebla. (O)