La propuesta de reforma a la Constitución pone sobre la mesa tres interrogantes: para qué, qué y cómo. Para comenzar, se requiere tener claros los objetivos. Reducirlo todo a asuntos generales, como la famosa gobernabilidad, la división de funciones o a las condiciones óptimas para el sector privado significa quedarse en las alturas. Es necesario identificar, dentro de cada uno de esos y otros temas, los resultados que se pretende alcanzar con las reformas y presentar el esquema de la situación ideal que se configuraría.
En segundo lugar, es necesario definir qué es lo que se debe reformar para alcanzar esos objetivos. En algunos casos serán necesarias reformas constitucionales, pero en otros bastarán las reformas legales. La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) requerirá un cambio constitucional que, según la novelería infantil de Montecristi, puede procesarse como reforma o como enmienda. Asimismo, la eliminación de la absurda existencia de cinco funciones del Estado requerirá de cambios en varios artículos de la Constitución que deberían ser procesados como un todo para evitar los desfases y contradicciones que existen actualmente. Por el contrario, temas como los cambios necesarios para contar con un sistema de partidos políticos fuertes y de alcance nacional pueden lograrse con reformas legales.
El sueño de los ingenieros sociales
El tercer interrogante, el cómo, vale decir el procedimiento, es el que ha recibido mayor atención en los círculos políticos. Sin haber dado los dos pasos previos, sin considerarlos indispensables, la discusión se ha centrado en la conveniencia o la inconveniencia de convocar a una asamblea y si esta debe tener plenos poderes. Es decir, nuevamente vemos flotar el fantasma de la refundación, que es el más apetecido por los gobernantes que quieren dejar su nombre en la constitución y que produce bodrios como el que se intenta reemplazar. La otra opción que se sugiere es el encargo a un grupo de especialistas, elegidos o nombrados de alguna manera indeterminada, llámese junta de notables o concilio de viejos sabios. De cualquier manera, es un absurdo debatir este asunto sin haber abordado los dos anteriores. Bien se sabe que al poner la carreta delante de los bueyes lo único que se consigue es el empantanamiento.
Es indudable que la Constitución vigente del Ecuador debe ser reemplazada en su totalidad (comenzando por eliminar la estupidez de cambiar la denominación clásica de Estado de derecho a Estado de derechos, con un plural que elimina el principio básico de imperio de la ley y de limitación del poder). Pero un proceso integral de reforma no solo tomaría un tiempo largo, en que reinaría la incertidumbre con graves consecuencias económicas y políticas, sino que sin partidos políticos que merezcan ese nombre sería un aquelarre que competiría en mediocridad con la Asamblea Legislativa.
Después de una elección polarizada como la última es conveniente poner a descansar los ánimos. Bajar el entusiasmo por cambiarlo todo de un solo plumazo. Conviene enfriar el ambiente, guardar en un cajón las veinte o treinta propuestas que tiene cada uno de nosotros, pensar calmadamente en el para qué, en el qué y llegar con frialdad y sin ánimo refundacional al cómo. (O)
