Ecuador está en plena precampaña electoral y hay experiencias, incluso extranjeras, que alertan de riesgos latentes para los postulantes cuando la delincuencia organizada busca infiltrarse en todas las actividades e instituciones de un país.

Piden la renuncia de presidenta de Honduras por video de reunión entre su cuñado y narcotraficantes

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, está en serios aprietos luego de que su cuñado aceptó haberse reunido con narcotraficantes que le ofrecieron dinero para la campaña del partido Libertad y Refundación (Libre) en 2013.

Aunque la mandataria advierte que se gesta un golpe de Estado en su contra, también reconoce la acción de su pariente como “un error deplorable”. Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya, renunció a los cargos de diputado y secretario del Parlamento hondureño luego de admitir los hechos.

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Presidenta de Honduras denuncia un ‘golpe de Estado’ en curso detrás de narcoescándalo que involucra a su cuñado

Serán las leyes de Honduras las que permitan a este país hermano resolver el escándalo que lo envuelve. Sin embargo, los acontecimientos son una alerta para todas las naciones sobre el interés del narcotráfico de invadir todas las esferas posibles, y la política es parte de esa ambición.

En Ecuador la palabra narcopolítica está presente en los debates. Incluso la fiscal Diana Salazar ha hablado de un narcojuicio para referir el proceso que se le plantea en el Legislativo, y cuando arrancó el caso Metástasis advirtió que es la muestra de cómo el narcotráfico ha permeado diversas instituciones del Estado.

¿De qué se acusa a la fiscal general, Diana Salazar, en los juicios políticos?

En el proceso de febrero de 2023, el Consejo Nacional Electoral (CNE) explicó que corresponde a la Fiscalía General del Estado cualquier investigación sobre dinero ilícito en campaña. Para abrir una indagación se requiere de una denuncia. En el Código Orgánico Integral Penal (COIP) hay sanciones desde tres años de cárcel por estos delitos, y en materia electoral se contemplan multas, destitución de cargos y pérdidas de derechos políticos y de participación por hasta cuatro años.

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Más allá de sanciones es primordial estar alertas a cualquier intento de grupos delictivos de involucrarse con el poder. El país no perdonará un acuerdo a ese nivel. (O)