De enero a noviembre se ha alcanzado el 73 % de ejecución del Presupuesto General del Estado 2025, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas hasta el pasado 23. Este diciembre, el último mes del año, es una invitación a las autoridades nacionales y locales a transparentar sus cuentas, explicar obras cumplidas, retrasos y reasignaciones.
En el caso del Gobierno central la proforma presupuestaria del 2026 es de por sí una propuesta de cómo se desarrollará la gestión del próximo año. La Asamblea Nacional aprobó este 29 de noviembre, contra reloj, la proforma, cuando su plazo concluía este 1 de diciembre.
La proforma presupuestaria del régimen para el próximo año asciende a $ 46.255,57 millones. Toma en cuenta un producto interno bruto de $ 139.046 millones con una proyección de crecimiento de 1,8 %.
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Con el presupuesto aprobado como herramienta y planteado por el propio Gobierno de Daniel Noboa, se deberán anticipar con criterios técnicos y no políticos las metas por cumplir. Si bien en una entrevista el presidente adelantó las obras que están en su agenda, establecer plazos y fuentes de financiamiento dará más confianza a la población.
Diciembre debe convertirse, a nivel oficial, en un mes de evaluaciones puertas adentro sobre la gestión de cada uno de sus funcionarios y de diagnósticos actualizados de los mayores problemas del país para convertirlos en la prioridad de soluciones. Esto no va solo para el Gobierno central, sino también para los locales.
El país necesita sinceridad de sus autoridades en el año que está por terminar, saber qué esperar del 2026 y cómo se evitará repetir errores, confrontaciones e improvisaciones.
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Asumir que la transparencia es un requisito para gobernar, un síntoma que el país espera y una manera de recuperar la confianza en sus instituciones. Cerrar el año con cuentas claras sería un gesto mínimo, pero urgente, para empezar a reconstruir una mejor relación con la ciudadanía. (O)
