Ecuador cerró una semana intensa en lo político con el retorno de la Asamblea Nacional luego de seis meses de puertas cerradas por la muerte cruzada y de la elección y posesión de las nuevas autoridades legislativas transitorias. Pero también se cerró una semana de incertidumbre luego de que los municipios, prefecturas, jubilados, la Asociación de Contratistas del Estado y otros sectores han insistido al Gobierno saliente en que no se vaya sin antes pagar las deudas que, en algunos casos, datan de los Gobiernos que estuvieron en el poder desde el 2017.

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Los municipios reclaman pagos por $ 512 millones; los Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) exigen que se cancelen $ 563 millones; los proveedores del Estado demandan $ 10 millones de deudas. Los jubilados marcharon la semana pasada para presionar al régimen el pago de los atrasos que superarían los $ 1.000 millones.

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El régimen actual ha insistido en que se les ha pagado a los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) más de $ 1.000 millones, de los cuales, un alto porcentaje corresponde a deudas que acumularon Gobiernos anteriores. Ofrecimientos de pago inmediato no ha hecho, pero sí propuestas para socializar y discutir que con seguridad deberán concretarse o volver a analizarse con las nuevas autoridades que asumirán el poder desde este jueves con el presidente Daniel Noboa a la cabeza.

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Cuatro de sus ministros ya recibieron información actualizada de estas y otras deudas, de lo que heredarán en lo económico: un déficit fiscal que hasta el cierre de este 2023 bordearía los $ 4.000 millones, según previsiones optimistas, un estancamiento de la producción petrolera, la grave crisis energética que está lejos de solucionarse, la constante baja de las reservas internacionales, la disminución de los ingresos tributarios y el pago del decimotercer sueldo en diciembre próximo al sector público. ¿Cómo se solucionarán estos problemas y de dónde saldrán los recursos? Ahora será el presidente electo Daniel Noboa quien deberá responder. (O)