La Corte Constitucional (CC) tramita una demanda de incumplimiento en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para que se declare la terminación del periodo de dos jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

El recurso lo planteó el 20 de junio un colectivo denominado Acción Jurídica Popular, integrado por varios juristas, quienes piden que el CPCCS realice el concurso de méritos para renovar a los jueces Arturo Cabrera y Patricia Guaicha, que actualmente ocupan las dignidades de presidente y vicepresidenta del TCE, respectivamente.

La CC admitió el recurso el 9 de julio, y en ella los accionantes refieren que los exjueces Patricia Zambrano y Patricio Baca fueron elegidos para un periodo de seis años, que "feneció" en junio del 2018, "siendo lógico que concluyera también el periodo de los jueces que los remplazaron", pero "se encuentran prorrogados", cita la demanda.

Una de las causas por las que el recurso fue admitido a trámite, es porque el Consejo de Participación respondió a Acción Jurídica Popular que se encuentran "gestionando los recursos para iniciar los diferentes concursos para la designación de las diferentes autoridades".

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La Corte no aceptó el pedido de medidas cautelares que solicitaron los denunciantes, porque no demostraron que hay "gravedad" o derechos amenazados.

Sobre este asunto, en octubre del 2019, el CPCCS tuvo ya un primer pronunciamiento.

En ese entonces, con el voto afirmativo de seis de siete consejeros se decidió mantener a los dos magistrados en sus cargos, acogiendo un informe jurídico interno que recomendaba alinearse al dictamen de la Corte Constitucional, en la que se determinaba que las decisiones del Consejo de Participación Transitorio no pueden ser revisadas.

Los jueces fueron electos como suplentes en un concurso realizado en el 2016. Se principalizaron para remplazar a Patricio Baca y Patricia Zambrano, cuyo periodo fenecía en junio del 2018, pero renunciaron meses antes.

El CPCCS transitorio, durante el proceso de evaluación de autoridades que realizó en el 2018, observó la gestión de Cabrera, pero no lo cesó. A Guaicha no se la evaluó.

El colectivo que impulsa la acción en la CC también presentó al Consejo Nacional Electoral (CNE) un pedido de revocatoria de mandato para los siete vocales del CPCCS, al considerar que incumplen sus funciones por no convocar a los concursos de elección de la autoridad de la Contraloría General del Estado, que actualmente se encuentra dirigida por Pablo Celi, y la renovación de los dos jueces.

Piden que el CNE les entregue los formularios para empezar con la recolección de firmas para que la ciudadanía resuelva si revoca o no a los consejeros.

Como medida sanitaria por la propagación de la pandemia del COVID-19 exhortaron a que se implemente un sistema tecnológico que permita a la ciudadanía a adherirse a la revocatoria, mediante firma digital. (I)