El Consejo Nacional Electoral (CNE) podría verse obligado a aprobar un nuevo presupuesto para la organización de las elecciones generales del 7 de febrero de 2021, después de una reducción que preparó el Ministerio de Finanzas por más de $ 30 millones.

La decisión se da a cien días de que se lleven a cabo las votaciones y en medio de la preocupación de los consejeros electorales por la afectación que esto pueda tener en las actividades electorales.

El presupuesto inicial que aprobó el pleno del CNE en agosto pasado ascendía a $ 114,3 millones. Pero, según fuentes internas del Gobierno nacional, se entregó un análisis de reducción por los $ 83,5 millones. Es decir, $ 31,3 millones menos.

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Los cambios se dan en los egresos en personal para lo que se presupuestó $ 24,2 millones y se les reduciría a $ 17,9 millones; también para servicios de consumo que de $ 62,4 millones requeridos se bajó a $ 44,4 millones.

A las Fuerzas Armadas se les mantiene lo asignado inicialmente por $ 7,9 millones, pero a la Policía Nacional se le redujo de $ 5,5 millones a $ 2 millones.

Hasta el momento, Finanzas ha desembolsado $ 13'672.599 para pagos a los vocales de las Juntas Provinciales Electorales, para la impresión de papeletas y documentos electorales al Instituto Geográfico Militar (IGM), y para contratos para áreas tecnológicas.

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Esta disminución se dio a conocer ayer, en una reunión reservada a la que asistieron los cinco consejeros y en la que se les indicó que esto era parte de los "acuerdos" llegados entre el CNE y el ministerio, después de las mesas técnicas que se instalaron para revisar cada ítem.

Este encuentro dejó dudas y también el reclamo a la presidenta, Diana Atamaint, porque no fueron partícipes de estos diálogos, que desembocan en una reducción presupuestaria del 26,8%.

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Al consultarle sobre el tema al consejero José Cabrera, indicó que se les informó sobre los "datos gruesos", pero esperan un informe detallado y comparativo para conocer las áreas modificadas.

A él le preocupa que esto implique una imposibilidad para contratar personal. Incluso, se les había explicado que no se permitirá el alquiler de vehículos para las delegaciones provinciales. "Entonces, ¿qué institución va a entregar carros, con todo y conductores y pagando horas extras, y en dónde están los convenios para esto?", se preguntó.

"No nos pueden imponer el presupuesto, esta reducción debe razonarse, explicarse. Por eso hemos pedido el detalle de los ajustes y poder evaluar las disminuciones", explicó Cabrera.

Detalló que en las provincias no hay vehículos para que el personal electoral pueda movilizarse para verificar la campaña propagandística anticipada que puedan estar haciendo los candidatos.

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El vicepresidente Enrique Pita pidió información comparada de cada rubro actual, frente a lo que se invirtió en los comicios del 2017. Y estaba sorprendido al conocer que el 23 de octubre, después de aprobar la Planificación Estratégica de Tecnologías de la Información y Comunicación se había iniciado la adquisición de infraestructura tecnológica, sin que se les dé a conocer cómo se elaboraron los términos de referencia.

Pide que se les dé a conocer cuáles son los convenios o acuerdos alcanzados, por ejemplo, con el Ministerio de Salud Pública, respecto del ofrecimiento de la entrega de insumos sanitarios para evitar contagios de COVID-19. De igual forma, cómo se avanza con la Secretaría de Comunicación para la difusión de material informativo en la prensa, y los equipos del Secap para la capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto.

Después de revisar las reducciones, los consejeros esperan ser convocados a un pleno para aprobar un posible nuevo presupuesto, sin desestimar las "contingencias" que puedan presentarse. (I)