El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) y las centrales sindicales históricas de trabajadores llegaron a cuatro acuerdos sobre la Seguridad Social y la conformación del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Esto, en medio de la coyuntura en la cual la jueza Hilda Yolanda Garcés negara el pedido de las centrales sindicales para que un representante designado por ellos sea parte del Consejo Directivo del IESS.

A través de una rueda de prensa realizada este jueves 15 de diciembre, Gabriela Uquillas, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano; Carlos Loaiza, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio; Marcela Arellano y José Villavicencio, como representantes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), explicaron los cuatro puntos de acuerdo que consideran ayudarán a un mejor desempeño del IESS.

  • El primero es que la gobernanza del IESS debe ser legítima, y por tanto el Consejo Directivo del IESS debe estar conformado por autoridades legítimas de cada uno de los sectores: Ejecutivo, empleador y trabajador.
  • En segundo lugar que es indispensable conformar una mesa técnica que aborde los principales problemas de corrupción. A esta se invitará a la Comisión Anticorrupción. Los hallazgos se los enviará a la Fiscalía para que los resuelva.
  • Además se ha acordado establecer el tamaño de la deuda que tiene el Estado e incluso otros sectores con el IESS y establecer un esquema de pago adecuado para el fortalecimiento del IESS
  • Finalmente se deben trabajar en las reformas necesarias para garantizar la atención de los afiliados y jubilados al IESS.

Sobre el tema, Gabriela Uquillas explicó que junto con las organizaciones de trabajadores han considerado procedente trabajar de manera conjunta desde varios frentes, a fin de generar un mejor servicio, erradicar la corrupción en la institución.

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José Villavicencio, por su parte, ratificó que lo beneficioso del acuerdo, pero rechazó lo sucedido en torno a la acción de protección que habían solicitado y que fue negada. Comentó que la jueza no demoró ni 5 minutos en tomar su decisión y que los argumentos presentados por la Superintendencia de Bancos no fueron apegados a legalidad. Esto porque la Superintendencia había dicho que la Asamblea derogó las otras normas que estaban vigentes, pero considera que este argumento no es aceptable ya que ninguna ley es retroactiva. Además dijo que la Superintendencia pidió requisitos a las centrales sindicales que no estaban dentro de la normativa ni del decreto 571. En todo caso, advirtió que los trabajadores apelarán dicha sentencia. Adicionalmente hizo público el pedido para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) escuche la propuesta de cómo consideran se debe hacer la elección de autoridades.

De otro lado, Nelson Erazo, presidente nacional del Frente Popular, e Isabel Vargas, de la UNE, en un comunicado conjunto consideraron que la decisión de la jueza resulta sospechosa, pues según dijeron ha habido presiones que se venían ejerciendo “por parte de los amigos del Gobierno para imponer un vocal de los afiliados acorde con las necesidades del Gobierno”. Según su perspectiva, lo que el régimen buscaría sería avanzar en el proceso de privatización del IESS, así como en las propuestas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los voceros del Gobierno que tiene que ver con el aumento de años de servicio, años de edad, el aporte de los afiliados y la reducción de las pensiones jubilares, y licuar la deuda que tiene el Estado con el IESS.

Los problemas en la conformación legal del Consejo Directivo datan de hace al menos ocho años. Pero el 3 de octubre, el presidente Guillermo Lasso emitió el decreto ejecutivo 571 por el cual se establecía un mecanismo de recambio de los vocales de trabajadores y empleadores que habían estado prorrogados en funciones varios años. En este proceso las centrales sindicales habían buscado que sus representantes designados Ramiro García Falconí y Ramiro Beltrán pasen a conformar el Consejo Directivo del IESS. El problema fue que no todos los sectores representantes de trabajadores llegaron a un acuerdo y, al final, presentaron varios candidatos y no un único representante como indicaba el decreto. Este inconveniente impidió que la Superintendencia de Bancos procediera a calificar al candidato de los trabajadores.

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En cambio, la Superintendencia sí calificó a la vocal de los empleadores, María de los Ángeles Rodríguez, quien ya empezó a participar de las sesiones del Consejo Directivo, junto con el antiguo vocal de los trabajadores y en funciones prorrogadas, Luis Clavijo. En la mitad de este proceso, la Asamblea decidió aprobar una ley que establece que la elección de los vocales al Consejo Directivo será a través del Consejo Nacional Electoral, y que la presidencia será rotativa. La Superintendencia ha considerado que no puede calificar al vocal de los trabajadores, porque no hubo un solo candidato y porque la Asamblea puso en vigencia la nueva ley y ya no cabe la elección a través del decreto 571. (I)