Gobierno hará los análisis y estudios para la retirada del Yasuní, pero la ejecución corresponderá a quien gane la segunda vuelta, dice el ministro de Energía

En el tiempo que queda en el mandato de Guillermo Lasso se prepararían los análisis y estudios para el retiro progresivo y ordenado de la actividad relacionada con la extracción del petróleo del bloque 43 - ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini), pero la ejecución le tocaría al próximo Gobierno, según el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos.

El funcionario mencionó que se debe tener en cuenta que hay un año para el cese de la actividad del ITT y vendrá un nuevo Gobierno en los próximos meses, que tendrá sus “ideas”. “No queremos nosotros darles haciendo lo que ellos tienen que hacer, así es que lo único que vamos a iniciar son los análisis y estudios de este plan”, afirmó en Ecuavisa este jueves 24 de agosto.

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De acuerdo con el dictamen de la Corte Constitucional (CC), el plazo es de máximo un año para desmantelar la infraestructura, tras la proclamación de los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El ministro indicó que el plan de desmantelamiento de la infraestructura no será de un día para otro, para ello se requiere hacer un estudio detallado y delicado de cómo se va a desmantelar la infraestructura de producción, cómo se va a sacar de la tierra los cientos de kilómetros de tubería, cómo se van a terminar los contratos laborales, con los subcontratistas, cómo se va a consultar con los habitantes de la provincia el efecto de estas medidas que se tomarán.

Comentó que hay otro problema y es que para comenzar el desmantelamiento se requiere de un presupuesto que no lo tienen. Serían aproximadamente $ 600 millones, cifra que cree deberá incluirse en el presupuesto del próximo año, porque en este “ya no hay tiempo para hacer una reforma presupuestaria”.

Pero antes de realizar el plan, de acuerdo con el ministro, buscan resolver cuál es el efecto de la decisión de los habitantes de la provincia de Orellana, que en las urnas pidió que se siga explotando el ITT.

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Según los resultados del CNE, en Orellana, provincia en donde se encuentran los tres campos: Ishpingo, Tambococha, Tiputini, el 57,99 % de los electores respaldó para que siga la explotación del crudo, mientras que el 42,01 % votó para que se detenga la actividad petrolera.

“Nos sorprende que se haya consultado a todo el país y los habitantes de Orellana, donde está el ITT, hayan dicho no a la consulta. Esta duda quisiéramos que se resuelva previamente a hacer los planes y por supuesto ponerlos en marcha para desmantelar la infraestructura y cerrar los pozos... Sería preferible que antes de eso alguna autoridad de la Corte Constitucional, el Tribunal Electoral, nos diga cómo debemos proceder frente a esta decisión de la provincia de negarse a cerrar los pozos del ITT”, dijo Santos.

El funcionario señaló que esta inquietud debió ser considerada por autoridades de la Corte Constitucional antes de lanzar la consulta popular, incluso “quizá el tribunal electoral”. “Cada autoridad que tiene competencia sobre un tema debe decidir si ese tema es legal o no, nosotros somos neutrales en el proceso electoral. Cuando vimos los resultados es que cotejamos esos resultados con el texto constitucional y ahí aparece esta duda”, explicó.

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Independientemente de cuándo se oficialicen los resultados, se resuelva la duda y se elabore el plan, sostuvo que seguirán extrayendo el petróleo. “Mientras no esté terminado el proceso de desmantelamiento parcial o total seguiremos explotando el crudo del ITT”, dijo.

Como sugerencia para compensar lo que se dejaría de percibir del ITT, el ministro mencionó eliminar gradualmente el subsidio a los combustibles, que asciende más o menos a unos $ 4.000 millones al año. Consideró que es la más viable, porque “solo se necesita un decreto del presidente de la República, no necesita pasar por el Congreso (Asamblea Nacional)”.

Refirió como otra alternativa “subir el IVA”, pero que sería “traumático” porque afecta a toda la población que consume bienes y servicios, mientras que limitar el subsidio a los combustibles “afecta a una parte menor de la población”. (I)