A $ 357 millones asciende lo asignado en el presupuesto general del Estado para inversión de obra pública en el 2022. Esos recursos ya se están invirtiendo en un portafolio de 90 proyectos, asegura el ministro de esa cartera de Estado, Darío Herrera.

El 41 % de esos recursos está destinado para varias obras en Manabí, de las cuales una parte es para la reconstrucción, una deuda que está pendiente desde hace seis años, recuerda. De esta manera, un segmento de recursos irá a obras de arrastre; pero del total, $ 161 millones se dedican a obra nueva.

Y aunque al momento el porcentaje de ejecución de inversión está en un 43 % (incluyendo algunos proyectos de coejecución con Salud y Educación) –cuando el porcentaje esperado era del 66 %–, asegura que el 95 % de los recursos ya está comprometido y que hasta el 15 de diciembre el 100 % estará debidamente ejecutado. El ponderado con la ejecución del gasto corriente estaría en el orden del 50 % en este momento, dice.

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Aclara que el tema del manejo de recursos “no es una carrera para gastar el dinero”, pues lo que se ha buscado es que no pase lo que en el correísmo, cuando se hicieron obras con precios de dos y tres veces el valor, mal hechas y sin las previsiones para la sostenibilidad en el futuro.

Recuerda que en el tiempo de la bonanza (cuando había alto precio del crudo, fondos ahorrados y capacidad de endeudamiento) el presupuesto de inversión pública podría haber sobrepasado los $ 1.000 millones, “pero hay que ver qué mismo se hizo y a qué costo”, dice.

El ministro asegura que ahora se están invirtiendo bien los recursos. Por ejemplo, se acaba de incrementar en $ 5 millones el presupuesto para mantenimiento de carreteras. Así, el ministerio contrata a microempresarios que son parte de 260 asociaciones que cuentan con 2.390 socios, la mayor parte mujeres, para la limpieza de cunetas y evitar que el agua destruya las vías. Además, a estas asociaciones se les dará próximamente, a través de BanEcuador, créditos a 30 años y al 1 % (hasta $ 5.000) para que puedan mejorar sus unidades productivas y seguir brindando de manera tecnificada los servicios.

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En los próximos meses se verán más obras:

  • En dos semanas se arrancaría, previa aprobación del presidente Guillermo Lasso, la obra del viaducto con el quinto puente, en Guayaquil.
  • Para el 6 de diciembre se espera la inauguración del renovado puerto de Manta.
  • Recién se inauguró un tramo del proyecto de rehabilitación de la red vial de Santa Elena, que en total costará $ 37 millones.
  • El próximo lunes se retoma el proyecto de puente sobre el río Upano que fue declarado desierto y que ahora lo hará el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en mejores condiciones tanto económicas como técnicas.
  • Está pendiente la planta de tratamiento de agua de Manta, que costará $ 19 millones.

El ministro también asegura que ya se ha creado toda la institucionalidad y la transparencia necesaria para iniciar la concesión de un 23 % adicional de la red vial del Ecuador (10.256 km). Actualmente está un 17 % en manos de privados y de gobiernos seccionales. Pero la idea es llegar a un 40 % de concesiones, para lo cual se está trabajando con la Secretaría Técnica de las Alianzas Público-Privadas. “Ese va a ser el gran cambio, la inversión más importante para cambiarles la cara a las vías del país”, dice. Esto vendrá de la mano de la alianza entre el sector privado y el Estado.

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Las primeras vías en concesionarse ya en 2023 son:

  1. La Loja - Catamayo con una extensión de 34,35 km, la cual tendría una inversión de $ 86,08 millones de capex y de opex (operación y mantenimiento por 20 años) $ 118,21 millones.
  2. Montecristi - La Cadena con una longitud de 103,85 km con una inversión de capex de $ 63,91 millones y de opex de $ 283,61 millones.
  3. La ampliación a cuatro carriles de la Manta – Quevedo de 192 km tendrá una inversión capex de $ 86,40 millones y de opex $ 212,38 millones.

¿Por qué no se pudo iniciar antes las concesiones? El ministro explica que previamente se debía crear todo un ambiente de transparencia e institucionalidad. Ya se lo ha hecho y como parte de ello el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha ofrecido invertir en una veeduría internacional gratuita, para asegurar el mejor proceso en estas contrataciones. E incluso puede brindar el financiamiento necesario a las empresas ganadoras. La idea es prevenir que se conviertan en negociados. Aclara que no es privatización, pues las concesiones se revierten al Estado al cabo de 15 o 20 años.

Reconoce que la intervención del sector privado significará el pago de peajes por parte de los usuarios, pero asegura que el ciudadano siempre paga este tipo de obras, por ejemplo, con impuestos. La diferencia es que si lo hace el sector público puede suceder, como ya ha sucedido en otros gobiernos, que se haga mal la obra, con precios inflados y de mala calidad.

Actualmente, esa cartera de Estado también trabaja en el destrabe de los proyectos de construcción de once colegios y escuelas a nivel nacional. Estos han estado abandonados desde 2017 y 2018 por una serie de problemas e irregularidades. Por ejemplo, cuenta el ministro, el colegio réplica del Central Técnico de Quito estaba siendo construido por una empresa pública de San Vicente, Manabí. Aunque hay problemas complejos por resolver en estas obras, a las que el ministro les llama chicharrones (porque no hay nada más malo que un pedazo de chicharrón frío), dice que este Gobierno rescatará con seriedad estos colegios que una vez rehabilitados podrán albergar a al menos 30.000 nuevos alumnos. (I)

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