En los siguientes tres años (2024 al 2026), el país deberá hacer fuertes pagos de deuda pública. Esto incluye los pagos de deuda de bonos adquirida desde el correato, deuda China y también la deuda adquirida recientemente (en condiciones más favorables) con el FMI.

Así, el pago total de amortizaciones e intereses de la deuda pública interna y externa, será de $ 7.542 millones en 2024; $ 8.374 millones, en 2025 y $ 9.619 millones, en 2026. También se deben pagar los intereses de los bonos reestructurados: $1.025 millones hasta el 2026.

Adicionalmente solo los pagos al FMI, en los años 2024, 2025 y 2026, por amortización e intereses, serán de $ 1.036 millones, $ 1.602 millones y $ 1.417 millones, respectivamente. Así lo explicó el secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), Jaime Carrera.

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El experto que publicó un informe sobre las obligaciones del país en los siguientes años, explicó que en el periodo 2007-2017, “el gobierno de Rafael Correa emitió los llamados “Bonos Basura” por miles de millones de dólares, por los que había que pagar elevadas tasas de interés. También se contrataron millonarios créditos con la China con garantía de petróleo y altas tasas que fueron a proyectos con sobreprecios”, recordó.

Para Carrera, la pandemia en 2020 desnudó y profundizó la tragedia económica, fiscal y social del Ecuador, dijo. En ese momento, la imposibilidad de pagar los Bonos Basura condujo a su reestructuración en cuanto a plazos y tasas de interés. También en algunos créditos con la China se ampliaron los plazos para pagar el capital.

Como el país estaba al borde del colapso, el gobierno de Lenín Moreno acudió al FMI para evitar el naufragio, con abundantes créditos, complementados con otros del BID y el Banco Mundial. “Como el tiempo sigue su inexorable marcha, llega el momento de pagar las deudas”, sentencia Carrera.

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Cabe recordar que el salvataje de los organismos multilaterales (BID, BM, CAF, FMI) elevó el monto de sus préstamos a $ 23.916 millones en enero de 2023. De otra parte, el uso de las reservas del Banco Central entre 2007-2017, también tiene su precio, en 2025 habrá que pagar a tal banco $ 1.176 millones y en 2026 $ 1.210 millones.

Este año, dice Carrera, el déficit fiscal estará por encima de los $ 4.000 millones, que agregados al pago de amortizaciones y otros pasivos, elevarán las necesidades de financiamiento sobre los $ 10.000 millones que deben cubrirse con nuevos créditos y renovaciones de deuda interna.

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Carrera consideró que, frente a la realidad política y económica actual, en los próximos años se mantendrán las incertidumbres sobre la economía, inversión y viabilidad fiscal. En consecuencia, ”las interrogantes sobre la capacidad del país para pagar sus deudas se convierten casi en certezas”.

De acuerdo con Santiago Mosquera, analista económico y decano de la escuela de negocios de la UDLA, es cierto que la carga de pago se empieza a poner más fuerte. En el 2023, se deben pagar $ 4.500 de amortizaciones. De esa cantidad $ 2.700 millones con deuda doméstica y $ 1.800 millones de deuda externa.

Para el experto la parte doméstica no sería tan problemática, debido a que el Estado puede renovar esas deudas. Entre tanto, la deuda externa, que es la combinación de varios acreedores, tiene pagos de deuda bilateral y multilateral en el 2023, y los montos más altos vienen desde el 2024 al 2026.

Explica que el 2026 es el peor año en cuanto a la amortización de deudas, pues se llegaría a un monto superior a los $ 7.000 millones. De este monto, $ 4.000 millones serían correspondientes a deuda externa. Lo clave es que “la deuda externa hay que pagarla, no se la puede renovar como la doméstica”, dice.

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En este sentido, comenta, que conscientes de que el perfil de deuda se vuelve más demandante en los próximos años, los gobiernos de Lenín Moreno y de Lasso buscaron la consolidación fiscal. Esto significa reducir el déficit e incluso llegar a un superávit primario para evitar acumular deuda, y en un escenario ideal llegar a tener ahorros para cubrir las obligaciones.

Sin embargo, actualmente está latente la preocupación del mercado de que, frente al juicio político y la llegada de una eventual nueva administración, pueda devenir un potencial nuevo default (no pago de la deuda).

Explica que en este momento, Ecuador no necesita caer en default, pues el país sí tiene capacidad de pagar y además existe la voluntad por parte del Gobierno de pagar sus obligaciones. Considera que si hubiese un proceso de destitución y llegara a la presidencia Alfredo Borrero, actual vicepresidente, continuaría la capacidad y voluntad de pago.

En cambio, dice Mosquera, si viniera la muerte cruzada y la administración cambiara hacia una tendencia correísta, en 2024 o en 2025, su comportamiento frente a la deuda dependerá de si aprendieron de sus errores del pasado. No se puede olvidar que en 2008 decidieron, escudándose en un informe de la deuda ilegítima, decidieron no pagar, a pesar de tener capacidad de pago. Comentó que para 2025, el escenario de capacidad de pago estará más comprometido.

Todo este escenario preocupa al mercado y desemboca en el alto riesgo país. Este 20 de abril, el riesgo país se colocó en 1.878 puntos. Muy superior a los 714 puntos con los que empezó el mandato Guillermo Lasso.